La fiscalía exigió una sentencia de prisión efectiva para cinco de los diez policías que están siendo juzgados en audiencia oral y pública en los tribunales penales de La Plata por los tormentos y vejámenes infringidos a los internos de la comisaría Cuarta de Villa Argüello, en Berisso, durante un procedimiento de “requisa”. También se los imputa por la falsificación de un acta.
Así lo requirió ayer en su alegato la fiscal Victoria Huergo ante la jueza en lo Correccional N° 3 de La Plata, María Belén Piccone. Sostuvo que en el debate oral se pudo probar que el 10 de marzo de 2018 un grupo de detenidos de la seccional Cuarta de Berisso denunció haber sufrido graves abusos, ultrajes y humillaciones durante una requisa policial en su calabozo.
En ese sentido, la fiscal pidió penas de hasta siete años de prisión para los principales implicados. En tanto, los defensores Fernando Viale y Guillermo Mareco pusieron en crisis los relatos vertidos por las víctimas y aseguraron que la requisa se realizó dentro de un marco legal. La jueza Piccone anunció la lectura del veredicto para el próximo viernes 27 de diciembre, a las 10 horas.
La fiscal afirmó que se trató de un claro caso de violencia institucional, donde las víctimas, privados de su libertad, fueron sometidas a tratos crueles y degradantes que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. "Las personas privadas de su libertad no están invalidadas como sujetos de derecho", precisó Huergo.
"No se discute la potestad estatal de requisar calabozos o personas, sino si se cumplió o no con el trato digno y respetuoso que deben recibir los detenidos”, afirmó la fiscal a la vez que destacó los testimonios brindados por seis de las víctimas de la requisa que declararon en el juicio.
En su alegato, la fiscal ponderó que los internos fueron golpeados, despojados de cigarrillos y alimentos, e incluso se reportó la destrucción de una dentadura postiza. En uno de los hechos, un detenido al que le habían amputado una pierna fue forzado a desplazarse saltando hacia atrás, ya que los oficiales no le permitieron colocarse la prótesis, la que le fue devuelta después por el propio comisario de la seccional.
Todas esas acciones suponen “actos gravemente humillantes", calificó la fiscal Huergo aclarando que las requisas están reguladas por normativas que exigen incluso la presencia de personal médico, lo cual no se cumplió en este caso.
Al momento de requerir los montos de pena, la fiscal requirió siete años de prisión para Ángel Daniel Barrientos; cinco años para Ubaldo Alfredo Farías, Oscar Damián Jara y César Orlando Pacheco; y cuatro años y seis meses para Lucas Eduardo Cángaro, a quien sindicó como reincidente.
Para Rodrigo Nicolás Ponce, Agustín Sabini, Cristian Jonatan Vicente y Juan Martín Brelis, la fiscalía reclamó cuatro años sin solicitud de detención inmediata. Finalmente, la fiscal desistió de acusar a Solange Andrea Medina, quien quedó desvinculada del caso.
Huergo también tuvo en cuenta agravantes de la pena a imponer en la sentencia. Pidió que se considere la cantidad de víctimas y la diversidad de agravios cometidos como golpes, insultos, desnudez forzada y destrucción de pertenencias.
Y finalmente, contempló como atenuantes, la carencia de antecedentes penales en la mayoría de los acusados, aunque aclaró que no es un aspecto meritorio para funcionarios públicos.
La investigación penal fue instruida por la fiscal Virginia Bravo, quien se encontraba de turno el día de los hechos y tomó declaración inmediata a los detenidos tras advertir irregularidades. Las lesiones sufridas por los internos fueron luego documentadas por médicos forenses que declararon durante el debate oral.
Al destacar la labor de su colega, la fiscal Huergo aseveró que "por suerte estuvo de turno la fiscal Virginia Bravo, quien notó algo raro, y les tomó declaración a todos los presos. Virginia Bravo, una fiscal con todas las letras".
