La CGT cumpliría con su anunciado paro general el 8 de abril próximo, y reunirá a su Consejo Directivo esta semana para resolver la modalidad.
Actualidad 17 de marzo de 2025
De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizaría el 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia.
La CGT cumpliría con su anunciado paro general el 8 de abril próximo, y reunirá a su Consejo Directivo esta semana para resolver la modalidad que tendrá esa medida de fuerza, ya que algunos dirigentes quieren que sea acompañada por una movilización.
El ala más combativa de la central fue la que motorizó un planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza de alcance nacional en la próxima reunión de Consejo Directivo, que tendrá lugar el jueves próximo.
Si bien la reunión del jueves definirá la modalidad y alcance del paro -si es acompañado por una movilización, y si esta es al Congreso o a Plaza de Mayo-, fuentes gremiales dejaron trascender hoy que la medida de fuerza será el 8 y el anuncio se realizará tras la deliberación del Consejo Directivo.
Uno de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) había anunciado al finalizar la semana que la CGT haría un nuevo paro general antes del 10 de abril.
Precisamente el viernes pasado, Daer recibió en el Salón Felipe Vallese a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que Juan Grabois es fundador, y desde el estrado anunció que la CGT había decidido convocar a un nuevo paro general "antes del 10 de abril".
Junto a Daer y a la dirigencia de la UTEP se encontraban importantes dirigentes cegetistas como Hugo Moyano (camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), y José Luis Lingeri (obras sanitarias), que aplaudieron entusiastas el anuncio.
Los ánimos puertas adentro de la CGT subieron de tono luego de la marcha de protesta del miércoles último frente al Congreso, que estuvo marcada por una fuerte represión y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
De concretarse la medida de fuerza, la CGT realizaría el 8 de abril su tercera huelga general desde que asumió Javier Milei la presidencia.
La primera tuvo lugar el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo último se llevó a cabo la segunda, ambas con fuerte adhesión al contar con un paro casi total del transporte público.
Licencias de conducir sin vencimiento, VTV en talleres particulares, peajes sin cabinas en todo el país, algunos de los cambios en la Ley de Tránsito.
Docentes y no docentes de todas las universidades nacionales públicas del país comenzaron este lunes un paro por 48 horas para exigir aumento salarial y mayor financiamiento para las casas de estudio. Voces desde el noroeste del GBA.
Se trata de Franco Picardi. Solicitó a la ministra de Seguridad “registros, documentaciones e información” para afirmar que participaron de los incidentes y que actuaron impulsados por los intendentes Espinoza y Otermín.
La Canasta Básica Total (CBT) subió 2,3%, por lo que se aceleró con relación a enero, cuando había registrado una suba de solo 0,9%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), por subas en alquiler de la vivienda y gastos conexos y Electricidad, gas y otros combustibles.
La figura del “anti” nació allá por el 55 del siglo pasado y nunca cayo en desuso, construyendo entidades sin raigambre propia, sino la de “estoy en contra”, despersonificando y convirtiendo en vacía una cuasi ideología que no es, sino por lo que representa el otro.
El jefe comunal de la vecina ciudad defenderá la iniciativa durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
La CGT cumpliría con su anunciado paro general el 8 de abril próximo, y reunirá a su Consejo Directivo esta semana para resolver la modalidad.
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La sentencia destaca el círculo de violencia en la relación y la falta de consentimiento expreso a la práctica sexual mediada por el miedo. También la violencia física, psicológica y económica.
La justicia penal lo investiga junto a funcionarios y empresarios por autorizar desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas y con supuestos sobreprecios. El fraude supera los 1500 millones de dólares.