Imputaron al ex intendente de La Plata, Julio Garro, por la autorización ilegal de 400 barrios cerrados

Por Javier Navarrete Ibáñez  / Redactor Judiciales Capital 24

Tras varios allanamientos y operativos en simultáneo, Julio Garro, ex intendente de La Plata y ex subsecretario de Deportes de la Nación bajo la gestión del presidente Javier Miel, fue imputado ayer por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en nuestra ciudad. 

La investigación en su contra a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta también incluye cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Un concurso de delitos con una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión efectiva. 

Al cierre de esta edición de Capital 24 y en el marco de esta megacausa, la justicia penal de La Plata aún se encontraba realizando allanamientos en diversas propiedades y oficinas vinculadas a ex funcionarios municipales y empresarios del sector de la construcción.

Trama Urbana 

Entre los domicilios allanados se encuentran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., que habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.

La investigación judicial acreditó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro (PRO), para la urbanización de los barrios.

En ese marco, la justicia investiga la relación del ex intendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares.

El expediente que tramita en el fuero de Avenida 7, 56 y 57, estima que el perjuicio económico ocasionado asciende a 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias de 1.500 millones de dólares.

Entre las pruebas reunidas en la causa se encuentran documentos alterados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas, desvíos de fondos en convenios urbanísticos, investigación en curso y posibles nuevas imputaciones.

Tinta Judicial

De puño y letra, al rubricar con su firma el requerimiento, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, solicitó las medidas de allanamiento, registro y secuestro de documentación para avanzar en la investigación y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

En tribunales se informó que la fiscalía seguirá reuniendo pruebas y no se descartan nuevas imputaciones en el marco de esta compleja causa penal, que pone en jaque la legalidad de cientos de desarrollos inmobiliarios en nuestra ciudad. 

Ayer, la fiscalía notificó a Garro de la imputación y formación de la causa penal en su contra en su propio domicilio -en el country platense Grand Bell-, donde además se efectivizó un allanamiento ordenado por la jueza de Garantías, Marcela Inés Garmendia, a pedido del fiscal Condomí Alcorta. 

Ocho implicados

Para los investigadores judiciales las cuatro empresas allanadas (Les Baux, Bordigoni, Agrycon y Solvial) eran las encargadas de obras en los barrios privados cuestionados. También hubo operativos en las viviendas de los titulares de esas firmas, y en las casas de dos ex empleados de la municipalidad. Junto con el ex intendente Garro, quedaron imputadas otras siete personas.

De acuerdo a las actuaciones a las que tuvo acceso Capital 24, el fiscal investiga si durante los dos mandatos de Garro -intendente de La Plata entre 2015 y 2023- “varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, visibilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”.

“Lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas desarrolladoras intervinientes -se indica en la causa penal-, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirientes de dichos inmuebles como al municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos”.

Evidencias

El megaoperativo realizado ayer consistió en cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación (una de ellas, en la vivienda de Garro) con participación destacada del personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. 

En los procedimientos, se incautaron “copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos”.

Por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real entre sí, la fiscalía tiene bajo sospecha a María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano municipal), Marcelo Genoro (director general de Obras Viales), Ariel Bordigoni (presidente de la empresa Bordigoni y Cía. SRL), Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea (ambos de la empresa Agrycon SA), Facundo Dadin (empresa Solvial) y Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos platense).

Bajo palabra

Ante el fiscal Condomí Alcorta declaró el actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa, quien aseguró haber detectado irregularidades en expedientes de barrios cerrados y abiertos, y se enfatiza que la gestión del intendente actual, Julio Alak, suspendió 400 proyectos de barrios privados por no tener convalidación provincial.

El funcionario judicial, al requerir a la jueza de Garantías Garmendia los allanamientos simultáneos y las órdenes de presentación, indicó que “se pudo constatar uno de los presuntos hechos ilícitos”, vinculado al barrio privado La Cañada Barrio de Chacras, en City Bell. Se puntualizó que, en el marco del pago de las “plusvalías” incluidas en la construcción del barrio, se debía realizar una rotonda que multiplicó su valor (de $39.080.657 a $63.818.306) en un corto lapso del año 2022. El acuerdo lleva la firma de Garro, funcionarios y representantes de Agrycon. 

“Se puede apreciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente ‘inflando’ el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo ‘originario’, con tan solo un mes y medio de diferencia entre la firma de ambos convenios urbanísticos”, consignó el fiscal Condomí Alcorta, dando cuenta que la rotonda, “llamativamente, beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”.

Julio Garro, quien además llegó a pelear por las elecciones en el club Boca Juniors junto a Mauricio Macri, fue intendente de La Plata entre 2015 y 2013. Su abogado defensor en esta causa será Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando. 

Al comienzo del gobierno de Javier Milei, Garro fue designado subsecretario de Deportes nacional. Pero fue relegado de ese cargo luego de opinar que el capitán de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, deberían pedir disculpas a la selección francesa por un cántico ofensivo de jugadores del seleccionado durante los festejos por la obtención de la Copa América. Al día siguiente, Garro fue desplazado de su cargo.