Los abogados de Alvite cuestionaron en su escrito la labor del fiscal Fernando Padován por ocultamiento de pruebas que podrían beneficiar a la imputada.
Como viene informando Capital 24, “La Toretto” lleva un año con prisión preventiva y fue trasladada la semana pasada de la Alcaidia de Melchor Romero a una unidad de máxima seguridad en Magdalena.
Para el fiscal, Alvite tuvo la intención de matar, de allí la acusación de “homicidio simple por dolo eventual”, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión.
Los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri plantearon además que entre los 134 testigos propuestos tenga que declarar el fiscal Padován.
Para la defensa, el fiscal además de ocultar pruebas durante la etapa de instrucción también tuvo responsabilidad en que las actas de declaraciones testimoniales de algunos testigos no reflejen la totalidad de la versión, “sino que se trata de un recorte que ayuda a sostener la teoría del caso del acusador público”, señalaron.
Los letrados solicitaron las evidencias que respalda la denuncia contra Padován impulsada por la acusada ante una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Este escrito se dio a conocer a escasos días de cumplirse el primer aniversario del fatal atropello. El 12 de abril se produjo la muerte de Armand, tras ser impactada la moto que conducía por el auto que manejaba Alvite.
El fiscal dio por probado que “La Toretto” corría una picada con otro auto que era guiado por su amiga, Valentina Velázquez, de 25 años de edad, quien también está imputada pero en libertad.
Según las pericias, Alvite circulaba a más de 90 km/h y cruzó al menos cuatro semáforos en rojo antes del impacto. La víctima, que circulaba en moto, murió en el acto.
La Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense ordenó el arresto domiciliario de “La Toretto” en diciembre. Pero el beneficio procesal no fue efectivizado porque fue apelado por el abogado Fernando Burlando, en representación de la familia Armand.
De allí que la defensa presentó un hábeas corpus, que fue rechazado por la Cámara Penal de La Plata. Y de nuevo tendrá que expedirse la Casación bonaerense por si hace efectivo o no el arresto domiciliario de Alvite.
