Conflicto en la Justicia bonaerense: una mujer denunció a un superior y quieren desplazarla

Esta solicitud respondía a su intención de reclamar por haberse visto excluida en distintos procesos de ascenso. 

Sin embargo, como respuesta, el director del área salió de su oficina y la trató de manera  hostil. Interviene la Asociación Judicial Bonaerense, que criticó duramente a la Suprema Corte de Justicia.

“La violencia de género no es tomada en serio en el Poder Judicial provincial”.

Una trabajadora judicial denunció haber sufrido violencia laboral por razones de género por parte del director de Periciales de la provincia, Gustavo Capelli. “Sin embargo, lejos de recibir protección, fue desestimada por la administración de la Corte, negando la licencia por violencia y en un hecho lleno de impunidad, pretenden quitar de su puesto de trabajo, trasladando a la denunciante”, señalaron compañeros de trabajo de la mujer.

En ese sentido, desde el ámbito gremial sostuvieron que “los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, están entre discursos y silencios”, y que “la paradoja es evidente”.

“Quienes integran la Suprema Corte de Justicia -y que a menudo ofrecen charlas sobre violencia de género- no aplican, en los hechos, los principios que proclaman”, indicaron voceros sindicales. 

Seguidamente, recordaron que “el protocolo de género que la Corte no cumple, es el mismo que incluso presentó el año pasado la ministra Hilda Kogan”, en referencia a “El protocolo de acción en casos de violencia de género”.

“Pero, en la práctica se diferencia mucho del discurso: el acompañamiento institucional es nulo y el descreimiento hacia las víctimas, absoluto”, sostuvieron, para luego indicar que “este no es un caso aislado: las denuncias por violencia dentro del ámbito judicial se repiten, y en ese contexto, las mujeres enfrentan una doble desigualdad: ascienden menos que sus compañeros varones y, además, cuando denuncian situaciones de abuso o discriminación, son silenciadas o castigadas con un traslado, cortando su carrera laboral”. 

En ese sentido, destacaron que “este caso, como tantos otros, revela un patrón de violencia económica e institucional que persiste en los pasillos del Poder Judicial”. 

Cómo empezó

El conflicto comenzó cuando la trabajadora judicial solicitó, en reiteradas ocasiones, a lo largo de dos años, la nómina de la planta oficial del área. Esta solicitud respondía a su intención de reclamar por haberse visto excluida en distintos procesos de ascenso. No solo presentó notas formales a su jefe directo, sino que también realizó gestiones ante el Departamento de Personal.

Ante la negativa a su último pedido, la empleada decidió manifestarse de forma pacífica: permaneció de pie en su lugar de trabajo y expresó que no se retiraría hasta obtener una respuesta. Fue en ese momento que el director del área salió de su oficina y, en un tono elevado y con malos modos, le exigió explicaciones por su insistencia en pedir la nómina.

La discusión escaló rápidamente, con un trato verbal hostil por parte del funcionario.

“No era la primera vez que Capelli tenía actitudes violentas; ya existían denuncias previas en su contra”, recordaron. Al sentirse amenazada, la trabajadora decidió llamar a la policía y a representantes de su sindicato. Si bien la fuerza pública nunca se hizo presente, sí acudió la Secretaría de Géneros y Diversidades de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) La Plata, que actualmente acompaña el proceso.

En la actualidad, la denuncia continúa su curso en el fuero civil. Mientras tanto, la administración de la Suprema Corte sigue desestimando los hechos, sin ofrecer argumentos que justifiquen su decisión ni explicaciones sobre por qué no reconocen indicios de violencia.

“En un Poder Judicial provincial que presume de adoptar protocolos y discursos sobre género, la verdad se impone con una brutalidad evidente: cuando una mujer decide denunciar el abuso, la respuesta institucional es el silencio, la indiferencia o el castigo”, manifestaron en la AJB. 

Desde la entidad sindical mencionaron que “en vez de proteger a las víctimas y acompañar, se protege a los agresores, y aquellos que deberían velar por la justicia se convierten en cómplices. Este caso no es una excepción, es el reflejo de un sistema que tolera la violencia de género, la desprotege y, lo peor, la legitima”.

Desde la Secretaría de Géneros y Diversidades de la AJB La Plata, se exige que exista un acompañamiento mutuo entre la Suprema Corte y dicha Secretaría, adoptando un abordaje interdisciplinario, tal como lo tienen establecidos los otros dos poderes del Estado. 

“La Justicia no puede seguir siendo cómplice de la impunidad; es hora de que las palabras se transformen en hechos concretos de protección y reparación”, concluyeron en la AJB seccional La Plata.