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El presidente presentó un escrito ante el juez Recondo. Insistió en que tuiteó desde “su cuenta personal”. La familia del chico de 12 años con autismo, había pedido que se ordenara borrar un tuit del mandatario que lo asoció con “los kukas”.
Región12 de agosto de 2025Ante el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a negar que lo que publica en sus redes sociales lo haga como “Presidente”. La afirmación tuvo lugar en una presentación judicial por escrito que formuló ante el magistrado con la intención de desvincularse de los agravios y descalificaciones que profirió el mandatario contra Ian Moche, el chico de 12 años con autismo.
La familia de Ian había demandado a Milei por haber insultado al niño. En esa denuncia, pidió a la justicia que el presidente borre el posteo donde había generado ese insulto.
Sin embargo, en su presentación judicial, Milei alegó su derecho a la libertad de expresión. E insistió que sus cuentas en las redes sociales “son personales” y no lo representan como presidente.
Ese argumento que procura fundamentar una doble personalidad entre quien escribe y quien publica fue parte de la estrategia de Milei para despegarse de sus responsabilidades también en la megaestafa con la cripto $Libra, tal como viene informando Capital 24.
En esta causa, el argumento de Milei había sido rechazado por el fiscal federal de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía. Este funcionario judicial había resuelto que la cuenta en X de Javier Milei no es solo personal, sino que lo representa como Presidente.
Ayer, a través de un buffet de abogados, el mandatario presentó un escrito aduciendo que la demanda en su contra impulsada por la familia del niño de 12 años, es improcedente, confusa y “carente de sustento jurídico”. Aseveró que “no se le puede formular reproche alguno” en términos personales.
En su conjunto, el presidente recalcó que lo que él habla en la red social X queda desvinculado de su cargo como jefe de Estado, una condición que asumió desde el 10 de diciembre de 2023 y que detentará hasta la misma fecha de 2027.
Entre sus fundamentos, negó que un reposteo supone una “ratificación o legitimación de agravios”; que el autor del posteo que él retuiteó no es él; que la publicación tuvo la capacidad de generar "un daño irreparable, grave, inminente”.
También descartó que “el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo” y que el caso constituya una situación de urgencia que habilite la vía de amparo.
Luego de negar además que haya “incumplido deberes institucionales, constitucionales o convencionales”, subrayó que lo que él dijo en X no lo dijo como Presidente y que por lo tanto ese tuit no fue un pronunciamiento administrativo. A su criterio, repostear no es ratificar, de modo que, según afirmó, su agresión no fue una agresión: calificar de “kukas” a Ian y a su familia no es causar “un daño irreparable” ni “grave”, resaltó.
En ese sentido, conjeturó que a un niño “se lo puede criticar aunque su condición sea la de niño y que, por lo tanto, las denuncias en su contra no son procedentes”. “El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público”, argumentó Milei.
La premisa del escrito judicial focaliza la libertad de expresión. Aseguró que el tweet por el que se lo denunció “no es un acto estatal” sino “una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
En ese marco, también descartó la solicitud del niño Ian para que borre el posteo en el que lo descalificó: “Si se considerara que el tweet es una información en lugar de una opinión (…), tampoco es admisible su remoción, dado que no se ha actuado con real malicia, sino con buena fe”.
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