El singular proceso judicial que se le sigue a un joven trabajador rural que fue condenado por criar un ternero extraviado arribó a la instancia de la Casación, a partir de un recurso interpuesto por la defensa.
Región08 de septiembre de 2025
Esa presentación da cuenta de que el insólito expediente ya atravesó todas las instancias. En las últimas horas, la defensa de Matías Rival, el trabajador rural condenado, interpuso una acción de revisión de la sentencia.
Para la defensa se dio un evidente caso de indefensión, vicios en el juicio abreviado y falta de materialidad del delito. El joven trabajador rural de Brandsen fue condenado a 4 años de prisión por abigeato agravado a pesar de que fuera su hermano quien encontró un ternero abandonado y se lo entregó para que lo cuide.
Ahora el caso ya que se convirtió en un verdadero escándalo por la cantidad de horas y operadores del sistema de justicia que está insumiendo, llegó a la instancia de Casación, el máximo tribunal penal de la Provincia.
La defensa está integrada por los letrados Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta. “Si después de la condena se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados, demuestren que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió”. Ese fue uno de los fundamentos.
El otro es que, a su entender “la sentencia condenatoria se fundó en prueba falsa o en un error judicial manifiesto”.
“Me acusan de abigeato por un ternero que me trajo mi hermano. Yo le pedí permiso al dueño del campo. No robé nada […] La defensora me dijo que, si no firmaba, ese mismo día me mandaban al penal”, declaró en su momento el trabajador rural condenado.
El caso que fue dado a conocer en los últimos días, da cuenta de la preocupante existencia de otros casos en el sistema de justicia penal. Se trata de procesos en los que se emplea el mecanismo del juicio abreviado para supuestamente, “acelerar los tiempos y evitar el debate oral”, pero muchas veces terminan dejando al imputado en un estado de indefensión alarmante, al tener que firmar y aceptar condenas con la excusa de evitar “males mayores”, tal como le planteó la “defensa oficial” al trabajador rural.
El caso fue tomado luego por los letrados platenses Fernández Camillo y Sanchez Peralta, quienes se especializan en expedientes con un perfil de violencia institucional.
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