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La presentación fue realizada por el senador bonaerense Pedro Borgini, quien además es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de La Plata.
Región17 de septiembre de 2025El mismo tendrá la finalidad de oficiar como una unidad técnica y consultiva orientada a generar información, diseñar estrategias para mejorar el sistema sanitario y proteger los derechos de la población.
El senador provincial que representa a nuestra ciudad, Pedro Borgini (Unión por la Patria), presentó un proyecto para crear el Observatorio de Litigiosidad en Salud, como una unidad técnica y consultiva orientada a generar información objetiva y diseñar estrategias para abordar la litigiosidad en salud, “contribuyendo a la mejora del sistema sanitario provincial y a la protección de los derechos de la población en materia sanitaria”.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el legislador platense, el Observatorio tendrá como finalidad generar conocimiento estratégico y formular propuestas que contribuyan a:
a) Identificar los factores que generan litigiosidad en materia de salud.
b) Analizar las causas, evolución y efectos de la litigiosidad en el sistema sanitario.
c) Proponer reformas normativas y estrategias de prevención sustentadas en evidencia.
d) Elaborar y difundir informes accesibles a la población con datos actualizados.
e) Articular con organismos públicos y privados para diseñar soluciones efectivas.
f) Contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso equitativo a la salud, mediante el uso de indicadores de impacto que permitan medir la efectividad de las intervenciones promovidas.
Para cumplir sus objetivos tendrá un Consejo Asesor, compuesto por los siguientes miembros:
a) Dos representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
b) Dos representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
c) Un representante del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
d) Un representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
e) Un representante del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
f) Un representante de una asociación civil dedicada a la defensa de los derechos de pacientes y usuarios del sistema de salud, con personería jurídica en la Provincia de Buenos Aires.
g) Un representante de Obras Sociales gremiales con personería gremial en la Provincia de Buenos Aires, designado por las organizaciones sindicales del sector.
h) Un representante de Obras Sociales de los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires.
i) Un representante de empresas de medicina privada, con personería jurídica en la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Borgini (quien además es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina -ATSA- de La Plata) señaló que “la judicialización de la salud es un fenómeno complejo que refleja, en buena medida, las tensiones entre el sistema de salud (público y privado), los marcos regulatorios vigentes y las legítimas demandas de la población”.
“Se trata de acciones legales, principalmente amparos y medidas cautelares, que buscan obtener cobertura para medicamentos de alto costo, tratamientos no incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), prestaciones por discapacidad, salud mental, cuidados paliativos, tratamientos en el exterior o tecnologías sanitarias emergentes, entre otras”, explicó el senador, y agregó que “también incluye conflictos derivados de mala praxis, consentimiento informado insuficiente o fallas en la atención integral”.
“En la Provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, este fenómeno se ha profundizado en los últimos años, generando presión sobre el sistema judicial y sanitaria, afectando tanto la sostenibilidad del sistema de salud como la equidad entre quienes logran judicializar sus demandas y quienes no”, advirtió Borgini.
Seguidamente, el legislador platense manifestó que “esta situación provoca diversas consecuencias, entre ellas la sobrecarga del sistema judicial, que genera dilaciones en las respuestas y afecta la equidad entre quienes pueden judicializar su caso y quienes no”.
“Además, se produce un aumento de costos y una desorganización financiera en obras sociales y prepagas, lo que repercute negativamente en la confianza entre pacientes y prestadores”, agregó el además dirigente sindical de ATSA.
Luego, Borgini explicó que “por otro lado, la fragmentación en la toma de decisiones sanitarias puede llevar a que se prioricen criterios basados en sentencias judiciales por encima de enfoques técnicos integrales.
“Frente a este escenario, el presente proyecto propone la creación del Observatorio de Litigiosidad en Salud de la Provincia de Buenos Aires, como una unidad técnica y consultiva, con autonomía funcional, que actúe como instrumento estratégico para la producción de información objetiva, el análisis de causas, la propuesta de soluciones normativas y operativas, y el seguimiento de políticas públicas orientadas a reducir la conflictividad judicial en salud”, concluyó Borgini.
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