El pedido fue formulado por una fiscal federal de La Plata. El acusado era un suboficial del Batallón de Comunicaciones Satelitales N° 601 de City Bell. Además de los ultrajes a las dos subalternas le imputan amenazas y abuso de autoridad.
Región19 de septiembre de 2025
La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, pidió el juicio oral a un suboficial del Ejército Argentino, del Batallón de Comunicaciones Satelitales N° 601 de City Bell, para sea juzgado por abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en perjuicio de dos jóvenes soldadas voluntarias.
El requerimiento de la fiscal fue elevado ante el juez Ernesto Kreplak. Las dos víctimas se encontraban bajo el mando del imputado de 47 años. La fiscal afirmó que el acusado habría abusado sexualmente de E. S. G. en repetidas ocasiones, entre noviembre de 2022 y febrero del año siguiente.
Los ultrajes sexuales se prolongaron hasta que la joven mujer denunció la situación ante la funcionaria militar que desempeñaba tareas como Punto de Enlace de Género en el Batallón de Comunicaciones Satelitales 601.
Además, la denunciante formuló entonces la presentación ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense. Eso permitió iniciar la investigación judicial.
Para la fiscal Russo, los episodios se produjeron en la Oficina de Comando y Servicio del batallón durante el horario de trabajo. En ese lugar, el acusado cumplía funciones de suboficial y principal, y era un superior jerárquico de las víctimas, que una se desempeñaba como Soldada Voluntaria y su auxiliar.
En la acusación también se indicó que el suboficial aprovechó su lugar de poder para abusar de ambas, con tocamientos en las partes íntimas, intentos de quitarles la ropa y besarles la boca y el cuello, incluso provocar acciones para el roce corporal.
En la causa se tuvo en cuenta el relato de la primera víctima, a quien el imputado le pidió en reiteradas oportunidades, por mensajes, que le enviara fotos íntimas, le exigió la ubicación de su paradero y le ordenó que modificara la foto de su perfil.
La fiscal Russo destacó que estos hechos ocurrieron siempre sin consentimiento de la mujer, aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas.
En ese sentido, la fiscal resaltó que el acusado realizó amenazas, manifestando que sí la soldada contaba lo sucedido, usaría su jerarquía para gestionar su baja de la fuerza.
La presentación de la fiscalía describe en detalle las “particulares circunstancias en las que se dieron los hechos”, caracterizando los episodios como “desarrollados en el marco de la institución militar, se enmarcaron en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado”.
Russo también se refirió a la segunda víctima, identificada como L. E. B., el requerimiento fiscal enfatizó que fue objeto de tratos arbitrarios y malos tratos durante el mismo periodo.
En el caso de la segunda víctima, la fiscal detalló que el imputado cerraba la oficina durante los momentos en que ambos compartían el espacio. Allí, se producían comentarios de índole personal y sexual por parte del suboficial, como haberle expresado “su deseo de tener relaciones sexuales”, a lo cual la víctima se negó.
El acusado además la contactaba para que “le enviara fotos de cómo se encontraba vestida y/o la ropa interior que tenía puesta en ese momento”, de acuerdo a las constancias dadas a conocer por el Ministerio Público Fiscal, remarcando que el imputado también amenazó a esa joven con un “movimiento brusco” si llegaba a comunicar a terceros las situaciones vividas.
En su conjunto, la fiscal tuvo en cuenta como pruebas de cargo en contra del imputado, las declaraciones de las dos víctimas, los testimonios de compañeros y compañeras del batallón, y la indagatoria realizada al imputado.
Asimismo, la fiscal ponderó el testimonio de otra subordinada que se refirió a la costumbre del acusado de mantener la puerta de la oficina permanentemente cerrada y que en ocasiones se negó a abrirla.
Además de estos dos casos por los que deberá responder el imputado, la fiscalía investigó sus antecedentes. Detectó precedentes por delitos sexuales: estuvo privado de la libertad durante dos años, entre 2009 y 2011, por abuso sexual contra una adolescente de 14 años.
Ahora el juez Kreplak deberá convalidar la requisitoria fiscal para dar vía libre a la realización del juicio oral.
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