El 28 de septiembre de 1990, Andrés Núñez, un trabajador de 32 años que vivía en Villa Elvira, fue arrancado de su casa por cuatro policías de civil y trasladado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí lo torturaron hasta matarlo, su cuerpo fue incinerado y enterrado en una estancia de General Belgrano, donde fue encontrado años después.
Su caso se convirtió en la primera desaparición forzada reconocida públicamente como tal desde el retorno del estado de derecho en 1983.
Durante años, la investigación estuvo marcada por el encubrimiento policial y judicial. El juez a cargo de la causa en los primeros años, Amílcar Vara -que mantuvo la misma actitud en el caso de Miguel Bru 3 años más tarde- fue apartado por graves irregularidades.
En agosto de 1995, recién allí, los restos calcinados de Núñez fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue a partir de la declaración de un policía arrepentido.
Nuñez había sido detenido sin orden judicial ni denuncia alguna. La Brigada de Investigaciones decía que investigaban el robo de una bicicleta. Algo que nunca se dejó constancia. Tampoco se certificó su detención.
Núñez, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos, fue cruelmente torturado en la Brigada. Recibió golpes en el rostro y el abdomen, descargas eléctricas y fue asfixiado con una bolsa de nylon hasta quedar inconsciente y descompensarse. Su muerte fue encubierta luego por funcionarios policiales, judiciales y políticos.
El cuerpo fue retirado de la Brigada en el baúl de un Ford Falcon azul y llevado a un campo en General Belgrano, donde fue incinerado y ocultado.
El quiebre llegó el 8 de agosto de 1995, cuando el sargento primero José Daniel Ramos, decidió hablar. Guiado por Ramos, el nuevo juez de la causa, Ricardo Szelagowski, llegó al establecimiento El Roble, en General Belgrano. Allí, dentro de un viejo tanque australiano, se había incinerado el cuerpo de Núñez. El campo pertenecía a un familiar del comisario retirado Mario “Chorizo” Rodríguez, uno de los hombres fuertes de la llamada “Maldita Policía” y padrino del oficial Pablo Gerez, jefe del operativo en el que Andrés fue secuestrado.
En 2010, la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González por “torturas seguidas de muerte”. Siete años después, el ex comisario Luis Raúl Ponce recibió la misma pena.
Sin embargo, otros responsables quedaron impunes y el exoficial Gerez continúa prófugo desde hace más de tres décadas.
La Suprema Corte bonaerense, en 2013, declaró la imprescriptibilidad del caso al reconocerlo como una grave violación de derechos humanos.
