Avanza la investigación penal por los abusos sexuales de una secta en el Senado bonaerense

Mientras la fiscalía continúa analizando el relato de las víctimas de abuso sexual de una secta en el Senado bonaerense, hoy la causa continuará con otras 16 testimoniales. 

Eso completará el plexo probatorio. La próxima semana la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, deberá resolver la prisión preventiva de los dos detenidos Nicolás Rodríguez y Silvia Daniela Muñoz. Ambos están detenidos por haber ultrajado al menos a tres mujeres. Se aguardan que se sumen otras víctimas.  

Así lo confirmó a Capital 24 Ignacio Fernández Camillo, que representa a dos denunciantes, dando a conocer relevantes detalles del expediente. Precisamente fueron las víctimas las que aportaron precisiones sobre cómo los detenidos Rodríguez y Muñoz por abuso sexual las captaban por la militancia y las trasladaban a la Legislatura bonaerense.

El plazo para resolver la prisión preventiva expira la semana que viene. Los dos empleados de la Legislatura bonaerense imputados por captar a víctimas y someterlas a "favores sexuales" están detenidos desde el 29 de diciembre tras haber sido denunciados por, al menos, cinco personas.

Los dos acusados son militantes y referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana y empleados de la planta permanente del Senado. En ese recinto, más precisamente en la oficina 007, es donde habrían ocurrido reiterados hechos de abuso, manipulación y sometimiento, en un contexto marcado por asimetrías de poder. 

Así consta en la causa a la que Capital 24 tuvo acceso y está caratulado como abuso sexual con acceso carnal. En sus declaraciones a la prensa, las víctimas narraron que fueron captadas a través de la militancia. Pese a confiar en el puesto laboral que les otorgaban, se encontraron con una especie de secta que las sometía a realizar favores sexuales.

Aseguraron que ellas pretendían un buen lugar de trabajo. Pero todo se convirtió en un verdadero infierno. Ellas se animaron a declarar luego de que la fiscal Lacki pidió la detención de Rodríguez y Muñoz.  

La fiscalía esgrime que la pareja imputada eran dirigentes de su organización, conductores y quienes brindaban formación a sus militantes, de donde fueron seleccionadas algunas de las víctimas. 

En el caso de Muñoz, además se desempeñó como docente en el colegio del club Estudiantes de La Plata, de donde habría captado al menos a una joven y sería la líder de la posible secta "La Orden de la Luz", nombre con el que se comunicaba a través de mails de forma encriptada.

El letrado Fernández Camillo, quien asiste a dos de las víctimas junto al abogado Andrés Noetzly, asevera la hipótesis de que el modus operandi estaba marcado por una relación de poder asimétrica que se convertía en sometimiento. La fiscal avala esa tesitura. 

Entre las víctimas, la más joven de ellas, hoy tiene 27 años. Proviene de la ciudad de Buenos Aires. Estudió Ciencia Política y trabaja actualmente en el Senado. Declaró que entre los 18 y 25 años fue víctima de los abusos sexuales. “Creíamos en la militancia, en la organización, en la política como una herramienta para cambiar las cosas”, aclarando que el abuso no sólo era físico: "Hubo un aprovechamiento de nuestras convicciones (...) Se intentó pervertir algo que para nosotras era sagrado, el compromiso militante".

Otra de las jóvenes abusadas es oriunda de Ringuelet. Cuenta con 29 años. Precisó que comenzó a ser ultrajada cuando tenía entre 18 y 21 años. Entonces ella trabajaba y estudiaba. En aquel momento, según contó “no era solo el abuso; era el silencio, la presión, todo lo que venía después".

A esos dos testimonios se agrega el de una tercera víctima, de 31 años. También es de La Plata y se desempeña en la UNLP. Según señaló, cuando se produjeron los abusos, ella estudiaba la carrera de Trabajo Social y tenía 20 años. “Nunca pude volver a sentirme segura. Viví con miedo durante muchos años; la detención (de la pareja acusada) fue un alivio. Sentí que algo se acomodaba dentro mío. No borra lo que pasó, pero nos devuelve un poco de aire”, expresó. 

Las tres víctimas coincidieron en que “no somos las únicas. Sabemos que hay más”. Dijeron que por años callaron por miedo, vergüenza y desconfianza en la justicia. Las denuncias tuvieron varios frenos y retrocesos. Y hasta una falsa abogada simuló asistirlas durante años, burlando su confianza y apoderándose de valiosa evidencia, que nunca más les devolvió. 

“Hay al menos 16 declaraciones testimoniales”, que la fiscal Lacki estará recepcionando a partir de hoy, según sostuvo el letrado Fernández Camillo, destacando que varios de los ultrajes sexuales se produjeron dentro del recinto del Senado y bajo la amenaza de armas blancas. 

Para el abogado es prioritario que la fiscalía avance con los peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados en la causa. 

La fiscal tiene plazo hasta el 29 de enero para requerir la prisión preventiva de los imputados, Rodríguez y Muñoz. A ambos se los acusa de abuso sexual y amenazas, a él como autor y a ella como partícipe necesaria.

Fernández Camillo puntualizó que algunos de los vejámenes denunciados se habrían producido dentro del Senado bonaerense y que la acusación concreta es por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de armas, y comprende cuatro hechos en total que habrían ocurrido entre 2015 y 2019.

Al respecto, el abogado recordó que el imputado Rodríguez habría exhibido armas blancas durante los abusos sexuales. Agregó que el ahora detenido se presentaba como “coleccionista de cuchillos y katanas” que guardaba en su domicilio particular. 

Esas armas blancas, “las mostraba y, en algunos casos, previo a los abusos, se las colocaba encima a las víctimas como una forma de marcar una asimetría de poder y generar sumisión”, enfatizó el doctor Fernández Camillo.

En tanto, la investigación judicial también avanza sobre la pista de un posible encubrimiento. La fiscal Lacki investiga el rol de una funcionaria provincial, Melina Gaudino, quien pese a no contar con el título de abogada intervino asesorando y apropiándose de valiosa prueba de las víctimas de abuso sexual en el Senado, delitos perpetrados a través de la secta “La Orden de la Luz”. 

La fiscalía sostiene que el rol de esta falsa abogada, Gaudino, sería una posible maniobra para evitar que las denuncias llegaran a la Justicia. En rigor, Gaudino fue mencionada por tres de las víctimas. Es militante del movimiento “La Capitana” de La Plata y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Las denunciantes aseveran que pusieron a disposición de Gaudino y de un abogado de apellido Yacoy una gran cantidad de material probatorio, entre ellos mensajes de Telegram y WhatsApp, más de 250 correos electrónicos y fotografías. Durante meses, según dijeron las víctimas, Gaudino les aseguró que el abogado había presentado escritos, solicitado una perimetral y mantenido reuniones con la fiscal Lacki y el juez Pablo Raele.

Pero tremenda fue la sorpresa cuando fueron a consultar a la fiscalía y les dijeron que no existía ninguna actuación ni presentación tanto de Gaudino como de Yacoy. Ambos serían citados en la causa y podrían quedar imputados, según se informó. 

En la causa se acreditó, hasta el momento, que la organización tenía una estructura piramidal. Rodríguez era presentado como el líder máximo, autodenominado “Dios Kiei”, con supuestos poderes sobrenaturales. A su lado, Silvia Muñoz actuaba como “Sensei” o facilitadora, utilizando su rol de confidente para persuadir a las víctimas y sostener vínculos sexuales bajo la idea de una “trieja”.