La propuesta fue presentada ayer por el presidente del bloque PRO, Nicolás Morzone. El objetivo es seguir y acompañar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre el caso que está siendo investigado por la justicia. Además, ejercer un control político sobre la actuación del Departamento Ejecutivo en dicho tema. Promueve la protección y asistencia integral de las víctimas.
Región23 de enero de 2026
Un proyecto de Ordenanza presentado ayer por el presidente del bloque de concejales del PRO de La Plata, Nicolás Morzone, en el Concejo Deliberante impulsa la creación de "Comisión Especial Investigadora y de Enlace" cuya función será la de seguir y brindar acompañamiento institucional en el avance de la investigación que se está llevando adelante en el Fuero Penal platense referida a presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense.
Efectivamente, la investigación por el caso de los presuntos abusos desembarcó en el Concejo Deliberante. Morzone propuso seguir y acompañar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre dicho escándalo que salpicó una vez más a la política local.
El concejal de la oposición apunta a crear dicha Comisión Especial de carácter transitorio con el objetivo de realizar un "seguimiento institucional, articulación y colaboración" en relación con causas vinculadas a presuntos delitos de abuso sexual, coacción, sometimiento, reducción a la servidumbre y otras conductas denunciadas en el ámbito del Senado de la provincia. Cabe recordar que por las denuncias realizadas y la investigación judicial en marcha, hay dos personas detenidas: Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz (ver recuadro aparte).
Morzone consideró que la presunta comisión de dichos delitos en un edificio público provincial (Legislatura) emplazado en pleno casco urbano de la ciudad "compromete no solo bienes jurídicos individuales, sino también el interés público local, la confianza ciudadana y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas".
En tal sentido, el concejal indicó que el Estado municipal "no puede adoptar una posición pasiva o meramente expectante" y debe presentarse también como particular damnificado "en tanto los hechos investigados afectan de manera directa al interés público local y han ocurrido dentro de su jurisdicción".
Sobre la Comisión Especial, propone que sea conformada por concejales de los distintos bloques políticos, con un representante titular y un suplente por cada bancada, y durará en funciones 12 meses. Al finalizar ese período, deberá elevar un informe final al Concejo Deliberante con un resumen de actuaciones realizadas, conclusiones y recomendaciones institucionales.
La Comisión propuesta por el presidente del bloque PRO deberá realizar el seguimiento de las actuaciones vinculadas a los hechos denunciados y ejercer control político sobre la actuación del Departamento Ejecutivo Municipal en relación con el tema que es materia de investigación judicial.
A su vez, el proyecto de Ordenanza también prevé articular acciones de enlace y colaboración entre el Municipio de La Plata, el Poder Judicial y otros organismos competentes, así como promover la protección y asistencia integral de las víctimas, y elaborar informes y recomendaciones "no vinculantes".
También, el proyecto instruye al Municipio a garantizar el acompañamiento, la contención y la asistencia integral de las personas damnificadas, con acceso a apoyo psicológico, social y jurídico, y con el compromiso de evitar cualquier forma de revictimización. En ese marco, la comisión tendría un rol de coordinación y supervisión del cumplimiento de esas medidas.
Un aspecto destacado de la iniciativa tiene que ver con una instrucción al Municipio: el de presentarse como particular damnificado en la causa penal en trámite, argumentando "una afectación directa al interés público local y la ocurrencia de presuntos delitos complejos dentro de la jurisdicción de La Plata", con el objetivo de "aportar prueba y colaborar con el esclarecimiento" del caso.
Un caso estremecedor
Tal como viene informando Capital 24, el caso del Senado bonaerense por el que están detenidos Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz es estremecedor.
En cuanto a las últimas medidas judiciales, les imputaron otros cinco hechos de abuso sexual ultrajantes, por lo que se les agravó la situación procesal por liderar una secta, “La Orden la Luz”, para adoctrinar y someter a vejámenes a sus víctimas en el propio recinto de la Legislatura.
Esa medida fue dispuesta por la fiscal Betina Lacki contra quienes se encuentran detenidos por otros hechos de violencia sexual contra tres mujeres.
Rodríguez y Muñoz están sindicados en dos expedientes. En el primero de ellos, fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal (violación) agravado por el uso de arma en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019.
Y este último miércoles, fueron procesados en la segunda causa por haber perpetrado otros cinco hechos de índole sexual contra otras dos mujeres, siempre con el mismo modus operandi.
La resolución había sido confirmada a Capital 24 por el abogado Ignacio Fernández Camillo, quien asiste a dos de las víctimas. Precisamente, la fiscal Lacki acreditó que de esos abusos sexuales, al menos uno habría ocurrido en una oficina del Senado bonaerense.
La fiscal afirma que los dos empleados del Senado bonaerense están acusados por una serie de hechos de extrema gravedad. Entre ellos, se les atribuye un abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño causado en la salud mental de la víctima, ocurrido en varias oportunidades y en concurso real con una privación ilegal de la libertad.
También Rodríguez y Muñoz fueron procesados por un abuso sexual doblemente agravado: por las secuelas psicológicas que habría sufrido la víctima y por haber sido cometido de manera conjunta, también en concurso real con privación ilegal de la libertad.
La investigación judicial tiene en la mira a otros tres hechos por abuso sexual, violación de domicilio y un abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa, también endilgados a la actuación conjunta de los acusados y vinculados a episodios de restricción ilegítima de la libertad.
Rodríguez y Silva Muñoz, ambos agentes del Senado bonaerense, eran referentes del movimiento político La Capitana en La Plata. La próxima semana la fiscal Lacki resolverá el pedido de prisión preventiva para que continúen detenidos hasta el juicio oral.
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