El dictamen tuvo en cuenta que el régimen aplicado implicó un agravamiento ilegítimo de las condiciones de encierro. Destacó vulneraciones a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Argentina.
En la denuncia se expuso el aislamiento casi permanente, falta de acceso a la salud y una alimentación deficiente. Las personas detenidas sólo podían salir de sus celdas entre 15 y 30 minutos diarios, sin explicaciones sobre el cambio de rutina.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Correccional N° 4 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky. El magistrado acreditó problemas edilicios, escasa ventilación, presencia de insectos y patologías sin atención adecuada, entre ellas VIH, tuberculosis y sífilis.
El juez ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense continuar estudios médicos, garantizar la provisión de medicación, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y dietas acordes a cada patología. También dispuso celdas abiertas, acceso a patios y vínculos entre internas, con control judicial ante eventuales traslados.
