La decisión llega después de que el gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley vigente de financiamiento, aprobada el año pasado. Si bien en un primer momento había sido vetada, la oposición logró que se volviera a aprobar.
Luego de la apelación, en los últimos días se realizaron encuentros entre representantes del Ejecutivo y autoridades universitarias con el objetivo de abrir un canal de diálogo que permita consensuar un esquema de financiamiento que respete el equilibrio fiscal, pero que también atienda las necesidades de las universidades.
No obstante, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, compuesto por gremios docentes y no docentes, se reunió en los últimos días, ratificó la defensa de la norma vigente y reclamó que se cumpla.
La ley de financiamiento universitario contempla la actualización de las partidas presupuestarias según la inflación acumulada, asegurando el funcionamiento de las universidades nacionales.
Además, aborda la recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas y la reanudación de las paritarias.
En su artículo 4° la ley establece que el Poder Ejecutivo nacional actualizará desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, de forma bimestral, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a la “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario”, “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades” y “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
Finalmente, en el marco del plenario realizado, el frente sindical también rechazó la reforma laboral y exigió la "urgente" convocatoria a paritarias.
