En el marco de una causa judicial que busca esclarecer presuntas maniobras de vaciamiento y desvío de activos, la Justicia penal de La Plata avanzó con un allanamiento en las oficinas de ABES Desarrolladora SRL ubicadas en Plaza Rochaa. El operativo, realizado el miércoles al mediodía, estuvo a cargo de la Fiscalía N° 3, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con la intervención de efectivos de la DDI.
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron documentación considerada clave para el avance del expediente, en el que se intenta reconstruir una serie de movimientos societarios previos al traspaso de la firma. Según fuentes del caso, la diligencia se llevó adelante en el lugar donde actualmente se resguarda material vinculado tanto a la empresa como a sus exsocios.
El allanamiento se produjo luego de un intento fallido el día anterior, cuando personal policial se presentó en oficinas de Yacoub de Avenida 13 entre 46 y 47 buscando documentación relevante para la causa.
La investigación apunta a determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas al vaciamiento de la empresa y a la transferencia de bienes hacia sociedades relacionadas. En este contexto, la firma Yacoub, que había asumido el control de ABES, se presentó ante la Justicia como parte interesada.
Sin embargo, el expediente sumó nuevos elementos a partir de presentaciones realizadas por inversores damnificados. Según la documentación judicial, la administradora Lucrecia Soledad Villar Loos habría mantenido control sobre activos originalmente vinculados a proyectos inmobiliarios financiados mediante fideicomisos.
Los denunciantes sostienen que, pese a posicionarse como víctima de los exsocios, Villar Loos tendría participación en sociedades que concentran bienes provenientes de esos desarrollos. En particular, se menciona su control mayoritario en LAZZULI S.A. y su participación indirecta en ABES a través del fideicomiso “ROMEOPET”.
Además, la denuncia señala a otras firmas del grupo, como ENKI Real Estate S.R.L., como posibles vehículos utilizados para concentrar activos inmobiliarios adquiridos con fondos de inversores. Según el planteo, estas sociedades no registrarían actividad económica suficiente que justifique la adquisición de determinados inmuebles.
En ese marco, el abogado de los damnificados, Alberto Gustavo Rodríguez, solicitó la notificación formal de Villar Loos en una causa penal, así como la aplicación de medidas cautelares, entre ellas embargos sobre rentas e inhibición de bienes presuntamente transferidos.
Mientras tanto, la investigación también busca desentrañar el funcionamiento del denominado “grupo económico ABES” y el circuito de sociedades que habrían intervenido en la administración de los fideicomisos.
En paralelo, el caso dio un giro inesperado en el fuero civil. El juez Juan José De Oliveira, titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 de La Plata, resolvió dejar sin efecto el traspaso de ABES a la desarrolladora encabezada por Viviana Yacoub, que había sido autorizado días atrás.
La decisión se produjo tras advertirse un error en la interpretación de una cláusula clave. Inicialmente se entendía que la nueva firma asumía la totalidad de los pasivos de ABES, pero luego el magistrado concluyó que esa obligación no estaba claramente establecida.
La marcha atrás judicial dejó en suspenso el cambio de control y abrió un nuevo escenario de incertidumbre, con posibles apelaciones en análisis.
“Un ardid para judicializar el vaciamiento”
A meses del anuncio de reactivación de los proyectos, las obras siguen sin definiciones claras y crece la preocupación entre inversores y compradores que aguardan la finalización de los emprendimientos.
En diálogo con Capital 24, el abogado de los particulares damnificados, Alberto Gustavo Rodríguez afirmó que el punto neurálgico de la investigación es “un ardid para judicializar el vaciamiento y dejar a los inversores en la calle, mientras los activos millonarios quedan retenidos en sociedades paralelas controladas por Villar Loos".
En los últimos días se sumaron al expediente declaraciones testimoniales brindadas ante la Unidad de Delitos Económicos. Inversores históricos relataron cómo la administración de Villar Loos continuó captando ahorros de jubilados y familias platenses bajo falsas promesas de rentabilidad, incluso meses después de haber cortado la cadena de pagos en julio de 2025.
Pedido de imputación e inhibición
Ante la contundencia de las pruebas, la querella, en representación de los damnificados, solicitó formalmente al fiscal Petit Bosnic la imputación penal de Lucrecia Villar Loos por los delitos de “estafa; falsedad ideológica y estafa procesal”.
Asimismo, se pidieron medidas cautelares urgentes sobre los bienes de las sociedades Lázzuli S.A. y Enki Real Estate S.R.L., para evitar que continúe el desapoderamiento de inmuebles que pertenecen legítimamente a los fiduciantes perjudicados.
Lado “B” del caso ABES: ¿víctima o heredera del vaciamiento?
La querella plantea que Villar Loos aparece en medios y redes sociales como una "viuda estafada", los registros contables y escrituras públicas revelan un esquema de retiro de activos en beneficio de su entorno personal:
El Departamento de Avenida 1: En agosto de 2025, se detectó la transferencia de un piso de lujo (12 B) de la firma ENKI S.R.L. a favor de su pareja actual, Rodrigo Mazzeo, bajo una modalidad "gratuita" por un valor simulado de USD 80.000, cuando el valor de mercado supera los USD 350.000.
Rentas de Lujo: Mientras los compradores de los edificios "Rodericus" o "Marath" esperan sus llaves, Villar Loos percibiría personalmente los alquileres de un dúplex con pileta climatizada en Avenida 60 N° 678, bien que debería integrar la masa de la desarrolladora para finalizar obras.
La Confesión del "Acta 6": En documentos internos, la propia Villar Loos reconoció que los activos de ABES fueron "trasvasados" a otras sociedades para evitar reclamos, decidiendo retenerlos en lugar de aplicarlos a la finalización de las unidades.
Lo que viene
Como anticipó Capital 24, los damnificados, con la asistencia letrada de Alberto Gustavo Rodríguez, pidió la notificación del Art. 60 del CPPBA para Villar Loos, el embargo de las rentas que percibe y la inhibición de los bienes que intentó desviar.
Para los cientos de familias afectadas, la verdad emerge: el dinero no desapareció, se transformó en un patrimonio inmobiliario que hoy sigue bajo el control de quien dice ser una víctima.
