En el AMBA, la crisis del transporte público empieza a sentirse en la vida cotidiana de millones de usuarios. La reducción de hasta un 30% en la frecuencia de colectivos, producto del fuerte aumento del combustible y la falta de actualización de subsidios, impacta directamente en los tiempos de viaje, la conectividad y el acceso al trabajo, la educación y la salud. Con menos unidades en circulación, crecen las esperas, la saturación en horas pico y la incertidumbre diaria, en una región donde el transporte es un servicio esencial para sostener la dinámica social y económica.
El aumento del precio del combustible de 42% en solo un mes y su imposibilidad de trasladarlo al valor de los boletos, obligó a las empresas de colectivos a reducir hasta 30% las frecuencias de sus servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), su vocero, Adrian Noriega, aclaró que no se trata de una medida de fuerza. “Es una racionalización, es el término que nosotros estamos utilizando, porque es lo que está sucediendo, no es una medida de fuerza, no es un lockout patronal”, sostuvo.
El dirigente explicó a Perfil que la decisión responde principalmente a problemas financieros que afectan la operación diaria. “La racionalización tiene que ver con la imposibilidad de comprar combustible al costo actual”, afirmó, y remarcó que las empresas no cuentan con los fondos necesarios para sostener el servicio.
En ese sentido, detalló que uno de los factores centrales es el fuerte incremento del gasoil. “En el lapso de un mes el gasoil subió un 42%”, indicó, al tiempo que precisó que las unidades utilizan gasoil euro, lo que agrava el impacto en los costos.
Noriega señaló que el sistema de subsidios también influye en la situación actual. “El subsidio que reciben las empresas es al pasajero”, explicó, y agregó que esos fondos se calculan sobre viajes ya realizados o estimados.
"El costo real es de $2.100, mientras que a un pasajero cuando sube al colectivo se le debitan $720 o $750, dependiendo la jurisdicción. A ese monto hay que sumarle lo que compensa el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires, que es un 63% más", agregó.
Además, advirtió que los valores reconocidos por el Estado quedaron atrasados frente a la realidad del mercado. “Estamos exigiendo que se nos reconozca el costo actual, no el de hace un mes atrás, porque ese valor no existe”, afirmó.
Otro de los problemas mencionados es la modalidad de pago del combustible. Según explicó, las empresas deben pagar por adelantado cada carga, lo que agrava la falta de liquidez. “Cuando pedimos un camión de combustible, antes de bajarlo hay que pagarlo cash o transferir”, detalló.
A este escenario se suma la dificultad para acceder al suministro, que recién comenzó a normalizarse. Sin embargo, los precios actuales siguen siendo elevados: “Hoy cotizó un camión a $2.400 cuando hace un mes era de $1.400”, ejemplificó.
Como resultado de este conjunto de factores, el sistema redujo su operación. “Ayer (lunes 6 de abril) circuló un 30% menos de colectivos en la región AMBA”, indicó Noriega, quien explicó que la estrategia apunta a concentrar el servicio en horarios pico para minimizar el impacto en los usuarios.
Finalmente, el vocero advirtió que la situación también pone en riesgo el pago de salarios. “Hasta ahora no tenemos el dinero en nuestras cuentas”, sostuvo en referencia al martes 7 de abril, y alertó que, de no regularizarse, podría haber conflictos gremiales. En ese marco, consideró que el sector atraviesa “una agonía muy lenta”, con pérdidas que podrían dejar empresas fuera del sistema.
