Por: Gabriel Ríos Malan, especial para Capital 24
A pocos meses del vencimiento de la concesión de Buenos Aires Zona Franca Buenos Aires La Plata (BAZFLP), previsto para agosto de este año, empresas, operadores logísticos y trabajadores se mantienen expectantes ante la falta de definiciones oficiales sobre el futuro de una herramienta considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
La ausencia de certezas no solo afecta la toma de decisiones de inversión inmediata, sino que también condiciona el desarrollo de negocios vinculados al Puerto La Plata y a la terminal de contenedores TecPlata, cuyo crecimiento está estrechamente ligado al funcionamiento del predio franco.
Actualmente, BAZFLP genera alrededor de 850 empleos directos, mientras que los puestos indirectos -vinculados a logística, transporte, servicios y operaciones portuarias- se estiman en una cifra tres veces superior. Dentro del complejo operan 80 usuarios directos distribuidos en 104 galpones, consolidando un ecosistema productivo y comercial que combina almacenamiento, distribución regional y procesos industriales livianos orientados al comercio internacional.
A pesar de ello, el horizonte inmediato aparece marcado por la incertidumbre. La concesión vigente finaliza en agosto y hasta el momento, no existen anuncios oficiales respecto de una renovación, licitación o nuevo esquema de administración. La situación genera dudas y preocupa a los usuarios, cuya experiencia indica que el comercio exterior requiere previsibilidad y reglas claras a largo plazo para sostener negocios e inversiones.
“No es novedad, la situación se ha repetido en el tiempo”, señaló a este medio un usuario de la Zona Franca que pidió mantener su identidad en reserva. Según explicó, la última extensión fue otorgada en 2021 por apenas cinco años, una solución transitoria que evitó la paralización del sistema pero no logró despejar las dudas estructurales sobre la continuidad del modelo.
Esta falta de horizonte hace que a los usuarios se les dificulte conseguir nuevos clientes. “A la hora de firmar un contrato con una empresa para que utilice nuestros galpones, le tengo que ofrecer un contrato de pocos meses y buscar la forma en que apueste por nosotros a pesar de que no se sabe qué va a pasar después de agosto”, advirtió, y agregó que “de esta forma perdemos negocios, dinero y la posibilidad de generar empleo”.
En el sector coinciden en que la planificación logística y comercial exige horizontes temporales amplios. Las inversiones en infraestructura, equipamiento y cadenas de suministro no responden a ciclos cortos, sino a estrategias de mediano y largo plazo.
El contraste con otras zonas francas del país resulta evidente. La de la provincia de Entre Ríos, ubicada en Concepción del Uruguay, fue concesionada por 50 años; la de Zapala (Neuquén) cuenta con una concesión de 30 años; el mismo plazo rige para la de Perico (Jujuy), con la posibilidad de extenderla por una década adicional. En tanto, la zona franca de General Pico (La Pampa), concesionada en 1998, tiene vencimiento previsto para 2028.
En ese contexto, actores del sector consideran que no necesariamente se requiere una concesión de medio siglo, pero sí períodos que permitan amortizar inversiones y proyectar crecimiento. “Tal vez no es necesario hablar de 50 años, pero sí de concesiones de 15 o 20 años con objetivos claros de inversión”, señalan fuentes vinculadas a la actividad.
La lógica detrás de ese planteo responde a una premisa central del comercio internacional: el largo plazo es un factor determinante para atraer operadores globales, consolidar rutas logísticas y desarrollar servicios de valor agregado.
Inversiones en evaluación y decisiones pendientes
La actual gestión de la Zona Franca proyecta inversiones comprometidas que, de acuerdo a lo que pudimos indagar, se encuentran actualmente bajo consideración del Poder Ejecutivo bonaerense. La falta de resolución sobre estas iniciativas agrega un elemento adicional de incertidumbre, ya que muchas de ellas dependen directamente de la continuidad del esquema concesionado.
Empresas instaladas dentro del predio aseguran que existen iniciativas vinculadas a ampliación de depósitos, incorporación de tecnología logística y mejoras operativas que permanecen en suspenso ante la indefinición institucional. La paralización de estas decisiones impacta no solo en la Zona Franca, sino también en la cadena logística regional.
En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre una eventual nacionalización del predio o su transformación en un parque industrial tradicional. Sin embargo, especialistas en derecho aduanero y comercio exterior consideran que ese escenario resulta poco probable.
La modificación del régimen jurídico de una zona franca implicaría cambios normativos que deberían ser aprobados por el Congreso Nacional, un proceso legislativo complejo que demandaría consenso político y tiempos prolongados.
Además, la conversión en parque industrial alteraría sustancialmente el esquema de incentivos aduaneros y fiscales que constituye la esencia del sistema franco.
Para los operadores, la mera circulación de estos rumores ya genera efectos negativos. “La incertidumbre es el peor escenario para cualquier negocio vinculado al comercio exterior”, coinciden empresarios del sector.
El rol de BAZFLP trasciende su actividad interna. Su funcionamiento está estrechamente vinculado al desarrollo del Puerto La Plata y especialmente a TecPlata, la terminal de contenedores que busca consolidarse como alternativa logística dentro del sistema portuario del Área Metropolitana.
La posibilidad de almacenar mercadería sin nacionalizar, realizar operaciones logísticas y consolidar cargas dentro de su régimen especial constituye un incentivo fundamental para atraer tráfico marítimo y operaciones regionales. Sin este complemento, especialistas advierten que el Puerto perdería una ventaja competitiva clave frente a otros nodos logísticos del país.
En términos estratégicos, la Zona Franca actúa como un puente entre producción, logística y comercio exterior, permitiendo reducir costos operativos y mejorando la competitividad de las exportaciones e importaciones.
Más allá de la discusión sobre la concesión, distintos actores del sector coinciden en la necesidad de actualizar el marco normativo que regula las zonas francas en Argentina. Uno de los principales reclamos apunta a permitir el ingreso al territorio nacional de productos que incorporen valor agregado dentro del predio.
Actualmente, las restricciones limitan el potencial industrial del sistema, que en muchos países funciona como plataforma de transformación productiva orientada tanto a exportaciones como al mercado interno.
Una reforma legal en ese sentido podría ampliar el perfil de inversiones, atraer nuevas industrias y fortalecer la integración con cadenas productivas locales. Para los especialistas, se trata de un paso necesario si el país busca utilizar las zonas francas como herramientas activas de desarrollo económico y generación de trabajo registrado, no sólo de espacios de almacenamiento.
Mientras el calendario avanza hacia agosto, empresas y trabajadores observan con expectativa las decisiones gubernamentales. La continuidad de la Zona Franca La Plata no solo define el destino de cientos de empleos directos y miles indirectos, sino también el posicionamiento logístico de una región que debe consolidarse como hub del comercio exterior argentino.
