Quedaron procesadas bajo prisión preventiva las siete personas acusadas de formar una organización criminal que operaba desde cárceles de La Plata y se dedicaba a extorsionar -a través de aplicaciones de citas y mensajes intimidatorios- en un caso que tiene como eje el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.
Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco fueron sindicados como jefes y operaban desde la Unidad Carcelaria N°36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, Iara Ayelén Cosentino, Camila Alejandra Moscato, Karen Yael Cufré y Erica Yamila Torres cumplían funciones de logística, facilitando cuentas, chips y gestionando las transferencias.
Francavilla y Duarte Areco enfrentarán cargos por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y coautoría de instigación al suicidio, en tanto que el resto fue procesado por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.
La resolución fue terminada de notificar ayer a todas las partes y fue emitida por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien además impuso embargos de hasta $500.000.000 para cada jefe y $400.000.000 para cada miembro. Los montos procuran asegurar la reparación de daños y eventuales reclamos civiles.
La magistrada consideró como una de las evidencias más relevantes, el análisis de los teléfonos incautados en las cárceles. En los mensajes y contenidos se encontraron instrucciones para cobrar el dinero, distribuir tareas y estrategias para borrar rastros.
En ese sentido, se indicó que el mismo día de la extorsión a Gómez, en el celular de Duarte Areco apareció una operación matemática equivalente al monto transferido por la víctima, lo que potenció la hipótesis del reparto de ganancias.
Para la titular del Juzgado Federal N° 1, la banda operaba tanto desde el exterior como desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense, y coordinaba extorsiones aprovechando los vacíos de control de dispositivos móviles en las cárceles provinciales, en particular en dos unidades de La Plata y otra de Magdalena.
La investigación reconstruyó cómo la banda captaba víctimas a través de la app Evermatch y otras plataformas similares. El método consistía en crear un perfil falso de una supuesta usuaria joven que luego continuaba el contacto por WhatsApp.
El fraude iba más allá del engaño amoroso. Luego la víctima recibía un audio de la supuesta madre, en tono alterado, acusando al interlocutor de hablar con una menor de edad y avisando que iba a denunciarlo.
Más tarde, intervenía un falso policía utilizando la identidad de un verdadero efectivo, Matías Nahuel Contti, quien también resultó víctima de suplantación de identidad, para reforzar la amenaza y exigir, bajo intimidación, transferencias de dinero a cambio de frenar la supuesta causa judicial.
De las escuchas y chat surge también que los acusados alternaban frases como “tu libertad está en juego”, “en 24 horas quedás detenido”, y hasta simulaban enviar imágenes de empleados policiales frente a computadoras para sumar credibilidad.
Los pagos se canalizaban a cuentas de billeteras virtuales pertenecientes a ellos, sus familiares o terceros interpuestos. En cuanto al modus operandi de la banda, se identificaron al menos tres hechos similares, con montos y destinatarios claros, y la confesión de los líderes en mensajes internos apuntaba a la existencia de “una estructura con roles y reparto de ganancias”.
La jueza destacó que la organización funcionaba como una “pyme del delito” desde la cárcel, beneficiándose de la falta de controles sobre celulares y chips en el sistema penitenciario bonaerense.
En el análisis de los celulares también emerge que “en todos los pabellones trabajan así, todos los días, ya vengo así hace dos años” por eso la jueza afirmó en su resolución que “la prisión que no interrumpe la capacidad delictiva desde entornos virtuales se transforma en una restricción meramente declarativa, sin impacto en la seguridad pública”.
De esta manera se dio por probado que, en la madrugada del 16 de diciembre de 2025, el cuerpo de Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado en el Puesto de Control N°09 de la Quinta de Olivos. La autopsia, los informes balísticos y el análisis de la escena confirmaron la hipótesis de suicidio, compatible con un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria.
En el teléfono de Gómez, los peritos hallaron la secuencia completa de extorsión a la que había sido sometido en las horas anteriores. El joven había solicitado préstamos a través de aplicaciones, contactado a compañeros pidiendo ayuda económica y haber realizado seis transferencias que sumaron un total de $1.413.000 a distintas cuentas de billeteras virtuales asociadas a los integrantes de la banda. En las conversaciones, la presión era constante: “El tiempo apremia”, “ya te estoy escrachando en redes sociales”, “estás pagando tu libertad”.
Las pericias arrojaron otros resultados. Por caso, las búsquedas en su celular, mostraban consultas sobre cómo impedir que otros vieran conversaciones de WhatsApp, cómo pedir préstamos y cómo consultar antecedentes penales.
Esa situación fue descripta por sus compañeros en el Ejército. Contaron que la última noche el joven no durmió ni comió y que pidió dinero, algo inusual en él. Estaba desesperado.
En la carta hallada junto al cuerpo, el propio Gómez escribió: “Por estos policías tengo problemas legales y muchas deudas, y ni siquiera pagando dejan de pedir más y más plata”. La carta fue clave para probar lo que había ocurrido: en realidad, habría sido una maniobra extorsiva de alto vuelo.
