En sus fundamentos, el dictamen analizó la forma en que la norma regula la actualización de créditos laborales. El fallo corresponde a un juicio de un trabajador platense que estuvo durante más de 3 años sin registrar, entre 2018 y 2021.
Los jueces argumentaron que el artículo presenta una incompatibilidad con las garantías establecidas en la Constitución Nacional, particularmente en los artículos 14 bis, 16 y 17. Sostienen que la norma afecta derechos constitucionales al modificar el criterio para actualizar los montos reclamados en juicios laborales.
El funcionamiento del artículo 55, que fija cómo deben actualizarse los créditos laborales en expedientes que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma, es el foco del análisis. En esos casos, la ley establecía un nuevo criterio para determinar el monto actualizado del reclamo.
El tribunal consideró que la norma implica una reducción en el mecanismo de actualización previsto por la legislación anterior. Esa modificación puede afectar el valor real de los créditos laborales reclamados por trabajadores en procesos judiciales.
La resolución fue emitida por las juezas Soledad Moreyra, Sofía María Silva Pelossi y el juez Nicolás Menestrina, indicando que el artículo cuestionado reduce el esquema de actualización previsto previamente en la ley, precisando que el sistema vigente contemplaba la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.
A su criterio, el cambio normativo introduce una diferencia que afecta el principio de igualdad, ya que la reducción del mecanismo de actualización de los créditos laborales genera una situación desigual para quienes mantienen reclamos judiciales en curso.
El fallo propuso aplicar las previsiones del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo para resolver el caso. La decisión busca restablecer los principios constitucionales que, según el tribunal, quedaron afectados por la aplicación del artículo 55.
