En lugar de la política pública creada por la Ordenanza 8.280 del año 1993 y modificada por la Ordenanza 10.478 del año 2008, la propuesta de Morzone establece que el Ejecutivo deberá elaborar e implementar un Plan Integral de Ordenamiento del Estacionamiento en la vía pública para el Partido de La Plata, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, optimizar el uso del espacio público y favorecer la actividad comercial y urbana.
El plan deberá contemplar, entre otros aspectos:
a) La identificación de áreas de alta demanda de estacionamiento;
b) La organización y señalización de espacios habilitados para estacionar;
c) La definición de sectores con restricciones especiales de estacionamiento;
d) La utilización de herramientas de control y fiscalización;
e) La promoción de la rotación vehicular en zonas comerciales.
Además, la gestión comunal podrá establecer zonas de alta rotación vehicular en áreas comerciales, administrativas o de elevada demanda del casco urbano, en las cuales el estacionamiento en la vía pública sea gratuito pero sujeto a límites máximos de permanencia. Dichos límites deberán tener como finalidad favorecer la rotación vehicular, facilitar el acceso a comercios y servicios, y evitar la ocupación prolongada del espacio público, sin que en ningún caso implique el cobro de tarifas por estacionamiento.
Entre los fundamentos para derogar el estacionamiento medido, Morzone señaló que "la experiencia acumulada a lo largo de los años permite advertir que el sistema vigente no ha logrado cumplir plenamente con dichos objetivos, al tiempo que ha generado diversos efectos económicos y administrativos que ameritan su revisión y, en consecuencia, su eliminación".
"El estacionamiento tarifado se ha consolidado principalmente como un mecanismo de recaudación antes que como una verdadera herramienta de ordenamiento del tránsito. La experiencia cotidiana demuestra que el pago de una tarifa no necesariamente corrige conductas indebidas ni garantiza una adecuada circulación vehicular, sino que en muchos casos simplemente habilita la ocupación prolongada del espacio público por parte de quienes pueden afrontar el costo", agregó el concejal, y expresó que "el ordenamiento del tránsito urbano no debería depender del pago de una tarifa, sino del cumplimiento efectivo de las normas de tránsito y del control por parte de la autoridad municipal".
"El espacio público constituye un bien común cuya utilización debe regularse prioritariamente mediante criterios de seguridad vial, convivencia urbana y movilidad eficiente", opinó Morzone.
Por otro lado, el jefe del bloque Pro sostuvo que “el sistema implica una estructura administrativa, tecnológica y operativa que demanda recursos humanos y materiales por parte del Municipio, los cuales podrían destinarse de manera más eficiente a tareas de control directo del tránsito, fiscalización de infracciones y mejora de la seguridad vial".
"En términos económicos, diversos análisis comparativos evidencian que la recaudación obtenida mediante el Sistema de Estacionamiento Medido resulta relativamente baja en relación con los costos administrativos asociados a su implementación, mantenimiento, control y gestión. Esto incluye no sólo los gastos operativos del sistema, sino también la estructura necesaria para su fiscalización y funcionamiento", manifestó Morzone.
Y continuó: "Asimismo, el estacionamiento tarifado genera un impacto económico sobre la actividad comercial del casco urbano y de City Bell. Numerosos comerciantes han señalado que el costo asociado al estacionamiento desalienta la permanencia de potenciales clientes y reduce la competitividad de los centros comerciales tradicionales frente a otras alternativas comerciales que cuentan con estacionamiento libre o gratuito".
"La eliminación del estacionamiento medido puede contribuir a mejorar las condiciones de accesibilidad, favoreciendo la actividad comercial, la circulación de personas y el dinamismo económico de las zonas urbanas más densamente transitadas", concluyó Morzone.
