La subasta, prevista para el 8 de mayo, alcanza a una propiedad ubicada en Cerro de los Burros, donde Balcedo residía junto a su esposa, Paola Fiege. El remate fue ordenado por un juzgado uruguayo tras una demanda iniciada por trece ex trabajadores que reclaman el pago de acreencias laborales.
Balcedo, ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), ya fue condenado en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, en el marco de una investigación que incluyó el decomiso de dinero, vehículos y otros bienes de alto valor.
En paralelo, la Justicia argentina lo acusa de liderar una organización que habría utilizado la estructura sindical para desviar fondos de los afiliados. Según la investigación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, esos recursos eran canalizados a través de maniobras financieras, adquisición de propiedades y empresas, con el objetivo de ocultar su origen.
Pese a que el magistrado elevó la causa a juicio, el proceso permanece condicionado por la demora en la extradición. Incluso, un pedido del propio Balcedo para evitar su detención al regresar al país fue rechazado recientemente por la Cámara Federal de Casación.
La causa en Argentina ya tuvo avances: en diciembre de 2024 fueron condenados varios ex colaboradores, entre ellos Mauricio Yebra, señalado como uno de los principales operadores del esquema. Según la sentencia, se desviaron más de 2500 millones de pesos del gremio.
El caso Balcedo se remonta a 2018, cuando fue detenido en su chacra de Maldonado en un operativo conjunto entre Argentina y Uruguay. Allí se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, armas y una colección de vehículos de lujo, en lo que fue considerado uno de los procedimientos más relevantes en materia de incautación en ese país.
Aunque parte de esos bienes ya fueron decomisados, la nueva subasta responde a reclamos laborales y vuelve a poner en foco el patrimonio del ex dirigente, que durante años combinó poder sindical, negocios en medios y vínculos políticos.
Mientras avanza la ejecución de sus bienes en Uruguay, la definición de su situación judicial en Argentina sigue atada a un trámite clave: su extradición.
