Según la requisitoria, los hechos investigados se remontan a 2018, cuando comenzó a funcionar el Juzgado de Familia N° 7, entonces a cargo de la magistrada. De acuerdo con la fiscalía, durante su gestión habría impartido órdenes contrarias a normas constitucionales y legales, afectando derechos básicos del personal judicial.
Entre las conductas señaladas, se menciona la presunta prohibición de afiliación a la Asociación Judicial Bonaerense, lo que implicaría una restricción a la libertad sindical. También se le atribuye la imposición de jornadas laborales sin límites claros, bajo una modalidad de disponibilidad permanente, incluso en días inhábiles.
La acusación incluye, además, la fijación de plazos de trabajo considerados irrazonables, que habrían derivado en una sobrecarga laboral sostenida. Según el fiscal, estas exigencias eran acompañadas por presiones constantes sobre los empleados.
Uno de los aspectos más sensibles del expediente está vinculado a denuncias de violencia laboral. Testimonios incorporados a la causa describen situaciones de maltrato psicológico, con episodios de gritos, insultos y humillaciones públicas, así como expresiones consideradas discriminatorias, especialmente hacia mujeres.
En algunos casos, se señala que la ex jueza habría cuestionado decisiones personales vinculadas a la maternidad e incluso condicionado el desarrollo profesional de trabajadoras en función de posibles embarazos, configurando —según la acusación— un entorno hostil con impacto en la salud del personal.
Otro punto bajo investigación es el sistema de control interno del juzgado. La fiscalía sostiene que se habrían instalado cámaras de vigilancia monitoreadas directamente desde el despacho de la magistrada, con el objetivo de supervisar de manera permanente a los empleados y limitar su dinámica laboral.
El expediente reúne más de veinte testimonios de funcionarios, empleados y profesionales del equipo técnico, además de una denuncia impulsada por el entonces Procurador General bonaerense. Para el Ministerio Público, el conjunto de pruebas permite encuadrar los hechos en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Por su parte, la defensa de Bigliardi rechazó el pedido de elevación a juicio. Su abogado, Diego Dousdebes, planteó la prescripción de la acción, cuestionó la validez de la investigación y sostuvo que no existen elementos suficientes para acreditar el delito. En ese sentido, solicitó el sobreseimiento de la ex magistrada.
La definición quedó ahora en manos del juez de Garantías, Guillermo Atencio, quien deberá resolver si el caso avanza a la instancia de juicio oral o si hace lugar a los planteos de la defensa.
