El empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, declaró durante tres horas ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga la muerte de más de un centenar de pacientes por el uso de fentanilo contaminado. La indagatoria, realizada por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, se vio interrumpida por problemas técnicos y continuará el próximo lunes.
Considerado por la Justicia como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, García Furfaro negó cualquier responsabilidad y sostuvo que la contaminación no pudo haberse producido de manera accidental. “No hay posibilidad de que exista si no fue un atentado”, afirmó, al tiempo que reiteró su inocencia y aseguró que “alguien la puso”.
Durante su exposición, el empresario insistió en la existencia de un complot en su contra y apuntó contra un excolaborador, a quien acusó de haber actuado deliberadamente para perjudicarlo. Sin embargo, los investigadores descartan por ahora esa hipótesis y consideran que se trata de una estrategia defensiva.
La causa, que comenzó en 2025 tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, inicialmente contemplaba 20 muertes, pero con el avance de las pericias el número de víctimas fatales se elevó a 114. Además, se registraron decenas de pacientes que sufrieron secuelas tras recibir el medicamento elaborado en las plantas investigadas.
Según el expediente, el fentanilo estaba contaminado con bacterias como *Klebsiella pneumoniae* y *Ralstonia pickettii*, asociadas a infecciones graves en entornos hospitalarios. La presencia de estos microorganismos en un producto inyectable —que debe ser completamente estéril— encendió las alarmas sanitarias y derivó en múltiples allanamientos y peritajes.
En paralelo, el juez Kreplak amplió las indagatorias a los 14 imputados con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la acusación. Varios directivos y técnicos de las empresas ya pasaron por el juzgado, aunque algunos optaron por no declarar.
García Furfaro, detenido desde agosto de 2025, ya había sido procesado junto a otros responsables de las firmas. Sobre él pesa un embargo de un billón de pesos, mientras que otros implicados también enfrentan medidas similares. De ser hallados culpables, podrían recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión, según lo previsto en el artículo 201 bis del Código Penal.
En su declaración, el empresario también hizo referencia al impacto económico del caso. Aseguró que su empresa mantiene deudas a cobrar por parte de distintas provincias por la provisión de medicamentos y afirmó estar en una situación financiera crítica. No obstante, sostuvo que está dispuesto a que esos fondos sean destinados a resarcir a las víctimas en caso de comprobarse daños.
Mientras la investigación avanza, la Justicia busca determinar si la contaminación fue consecuencia de fallas en los procesos de producción o de una intervención intencional. Por el momento, la declaración del principal acusado no modificó el eje de la causa, que continúa centrada en la responsabilidad de los laboratorios involucrados en lo que ya es considerado uno de los mayores escándalos sanitarios del país.
