La Justicia penal de La Plata avanza sobre un presunto entramado de corrupción en la Unidad Penal N°9 de Villa Elvira, tras un operativo de gran magnitud que dejó al descubierto la circulación de elementos prohibidos y posibles maniobras irregulares en la distribución de insumos.
El procedimiento fue ordenado en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N°7, y se concretó el viernes pasado en el pabellón 16 del penal, donde se alojan internos vinculados a fuerzas de seguridad. Del allanamiento participaron agentes judiciales, efectivos de la DDI y peritos de Policía Científica, quienes realizaron una requisa exhaustiva celda por celda.
Durante el operativo se incautó una gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos más de cien teléfonos celulares, notebooks, computadoras, routers, equipos de almacenamiento y amplificadores de señal para conexión a internet. También fueron secuestradas consolas de videojuegos —incluyendo PlayStation 4 y 5—, además de cigarrillos en grandes cantidades y otros elementos que serían utilizados para la comercialización interna.
Según fuentes vinculadas a la investigación, el caso se inició a partir de sospechas sobre el desvío de mercadería destinada a los internos, como alimentos e insumos básicos, que no habrían sido distribuidos de manera regular. Parte de esos productos, indicaron, terminarían bajo el control de un interno apodado “El Tano”, quien estaría a cargo de la venta dentro del pabellón.
La pesquisa sugiere la existencia de un circuito ilegal en el que se comercializarían distintos productos, desde alimentos y cigarrillos hasta sustancias prohibidas como drogas y alcohol. En ese contexto, no se descarta la connivencia de personal penitenciario.
La causa también pone bajo sospecha a autoridades y responsables de áreas clave dentro del penal, como los depósitos, quienes podrían haber participado en el desvío de insumos.
El expediente cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, quien avaló las medidas solicitadas por la fiscal. Tras varias horas de trabajo, el procedimiento concluyó con el traslado de todos los elementos secuestrados para su análisis.
De acuerdo a las fuentes, en las próximas horas podrían adoptarse nuevas medidas judiciales, incluyendo imputaciones e incluso detenciones, en una investigación que amenaza con generar un fuerte impacto institucional en el sistema penitenciario bonaerense.
