El planteo fue presentado por los abogados platenses Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, luego de que la Suprema Corte bonaerense rechazara por mayoría el pedido. El eje de la discusión es técnico, pero de alto impacto: determinar qué ley debe utilizarse para computar el tiempo de prisión preventiva cumplido por el religioso.
Para la defensa, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de los hechos por los cuales fue condenado —ocurridos en 1996—, cuando regía la Ley 24.390. Esa norma establecía que, una vez superados los dos años de prisión preventiva sin condena firme, cada día de detención debía computarse doble. El régimen fue derogado en 2001 tras fuertes cuestionamientos por su impacto en la reducción de penas.
Actualmente, Grassi cumple su condena en la Unidad 41 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Campana. Su caso fue uno de los más resonantes de las últimas décadas en el país: alcanzó notoriedad pública en los años noventa por su trabajo al frente de la Fundación Felices los Niños, hasta que en 2002 denuncias televisivas derivaron en una investigación judicial por abusos sexuales contra menores.
En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión. Sin embargo, el sacerdote permaneció en libertad hasta 2013, cuando la Suprema Corte bonaerense dejó firme la sentencia y ordenó su detención. Desde entonces, su defensa impulsó múltiples recursos sin éxito para revertir la condena.
El nuevo planteo apunta ahora al cómputo de la pena. Según los abogados, si se aplicara el “2x1”, el vencimiento de la condena debería fijarse en agosto de 2026, y no en mayo de 2028 como estableció la justicia bonaerense. Argumentan que Grassi acumuló más de tres años y nueve meses de prisión preventiva, superando el umbral que habilitaba el cómputo doble.
Uno de los puntos más discutidos del expediente es la aplicación de la Ley 27.362, sancionada en 2017 tras el polémico fallo “Muiña”, que limitó el uso del “2x1” en casos de delitos de lesa humanidad. La defensa sostiene que esa norma no es aplicable al caso de Grassi, ya que su condena corresponde a delitos comunes, y advierte que utilizarla implicaría aplicar retroactivamente una ley más gravosa, algo prohibido por la Constitución.
En ese sentido, los abogados también cuestionan el criterio de la Suprema Corte bonaerense y sostienen que se apartó del principio de legalidad penal al utilizar normas posteriores a los hechos investigados.
Dentro del máximo tribunal provincial, la postura no fue unánime. El juez Daniel Soria votó en disidencia y consideró que debía aplicarse la doctrina de la Corte Suprema nacional, que habilita el “2x1” si los delitos fueron cometidos durante la vigencia de esa ley, sin importar cuándo se produjo la detención.
