“Siete meses de espera”: la Justicia de La Plata condenó a una aseguradora por demorar el pago de un auto robado

Un hombre tuvo que esperar más de siete meses, iniciar una mediación y finalmente acudir a la Justicia para que su aseguradora le pagara la indemnización por el robo de su auto. Ahora, un fallo de la Justicia Civil y Comercial de nuestra ciudad condenó a la compañía por su conducta “dilatoria” y la obligó a pagar intereses, daño moral y una multa adicional.

Todo comenzó el 20 de agosto de 2023. El hombre dejó estacionado su Volkswagen Gol modelo 2000 en una calle del centro platense mientras trabajaba. Cuando volvió cerca de las 21, el auto ya no estaba. Tras confirmar el robo, hizo la denuncia policial y notificó el siniestro a la aseguradora a través de los canales oficiales.

Según surge del expediente, el asegurado presentó toda la documentación requerida: denuncia policial, título del vehículo y DNI. Sin embargo, pese a cumplir con cada requisito, la compañía no abonó la indemnización dentro de los plazos previstos por la ley.

La demanda, tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de La Plata, a cargo del juez Vicente Santos Atela, reclamó más de nueve millones de pesos por distintos conceptos: el valor asegurado del vehículo, daño moral, lucro cesante y daño punitivo.

Durante el proceso judicial se acreditó que ambas partes habían firmado un acuerdo de pago en noviembre de 2023. Pero el dinero recién fue transferido el 25 de junio de 2024, más de siete meses después.

La aseguradora intentó defenderse argumentando que el acuerdo alcanzado tenía carácter “definitivo y liberatorio”. Sin embargo, el juez Atela entendió que el pago tardío —realizado recién después de iniciada la demanda— implicó un reconocimiento explícito de la deuda y de la demora injustificada.

La pericia contable resultó clave: confirmó la existencia de la póliza, la denuncia del robo y el acuerdo firmado. También verificó que la empresa finalmente pagó $1.774.494, suma que incluía la indemnización pactada y una cláusula de ajuste.

En su fallo, el magistrado remarcó que la compañía incumplió el plazo legal de 15 días para pagar la indemnización una vez acordado el monto. Y fue más allá: sostuvo que obligar al cliente a iniciar mediaciones y acciones judiciales para cobrar configuró una práctica abusiva, incompatible con el deber de trato digno previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

El juez también puso el foco en el contexto económico. Señaló que la demora perjudicó especialmente al asegurado en un escenario inflacionario, donde el paso del tiempo licúa el valor de cualquier indemnización.

Además de reconocer intereses por mora —que elevaron significativamente el monto adeudado— la sentencia otorgó una compensación por la privación de uso del vehículo. Aunque el demandante no presentó comprobantes de gastos en transporte, el tribunal consideró razonable indemnizarlo por las dificultades cotidianas derivadas de quedarse sin auto. Por ese concepto recibió $50.000.

El fallo también admitió el daño moral. El magistrado valoró la angustia, la incertidumbre y el desgaste provocado por la falta de respuestas de la aseguradora, además de la desigualdad existente entre un consumidor y una gran empresa. Por ello fijó una reparación de $525.000.

Pero el punto más severo de la sentencia fue la aplicación de daño punitivo: una sanción económica destinada a castigar conductas graves de las empresas frente a los consumidores. El juez entendió que la aseguradora actuó con desinterés frente a sus obligaciones legales y contractuales y la condenó a pagar un millón de pesos extra.

Así, el caso terminó convirtiéndose en un nuevo antecedente judicial contra las maniobras dilatorias de compañías aseguradoras y en una advertencia sobre las consecuencias de incumplir con los derechos de los consumidores.