El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación penal y dispuso la imputación de Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y de origen platense, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La causa, que tramita en el Juzgado Federal N°6 a cargo de Daniel Rafecas, se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y apunta a presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El eje del expediente está puesto en un presunto incremento patrimonial no justificado registrado entre 2024 y 2025, período en el que el funcionario se desempeñó en distintos cargos dentro del Ejecutivo nacional. En particular, la fiscalía busca determinar si los ingresos declarados resultan compatibles con la evolución de sus bienes y operaciones financieras.
Según el dictamen, la investigación se centrará exclusivamente en el patrimonio de Francisco Adorni, dejando fuera de análisis cualquier mención vinculada a su hermano, quien ya se encuentra bajo investigación en otro expediente judicial.
De acuerdo con la denuncia, el crecimiento de los bienes declarados presenta inconsistencias que ameritan ser esclarecidas. En su declaración jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de una vivienda en City Bell, La Plata, valuada en $38,7 millones, y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, además de activos por un total cercano a $43,7 millones y sin deudas registradas.
Un año más tarde, en su presentación correspondiente a 2025, el patrimonio neto ascendería a aproximadamente $80,5 millones. Este salto patrimonial se explicaría, según la denuncia, por la incorporación de una camioneta Jeep Renegade y, especialmente, por la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por alrededor de $60 millones.
Este último punto constituye el núcleo de la sospecha judicial. La denunciante Pagano sostuvo que, aun considerando los ingresos del funcionario, su nivel salarial no permitiría justificar el pago acelerado de ese préstamo en un plazo tan breve.
En este contexto, el fiscal ordenó una batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir la situación patrimonial, fiscal y financiera del imputado. Entre ellas, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información detallada desde 2020 sobre declaraciones juradas, pagos impositivos, bienes registrables y eventuales sanciones, así como también datos sobre posibles ingresos o egresos de dinero del país.
Asimismo, requirió al Banco Central que, mediante una circular reservada, releve información en entidades financieras sobre cuentas, movimientos, depósitos, transferencias, tarjetas, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones cambiarias vinculadas a Adorni.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá aportar documentación completa sobre el crédito hipotecario cuestionado, incluyendo el cronograma de amortización original, plazos, saldos, pagos realizados y cualquier eventual refinanciación. También se pidió que remita los legajos de todos los productos financieros del funcionario desde 2023 a la actualidad.
En paralelo, organismos como la AFIP provincial (ARBA), la AGIP porteña, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia fueron oficiados para informar sobre bienes, participación en sociedades comerciales y obligaciones tributarias. A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá elaborar un informe integral sobre su perfil patrimonial, financiero y societario.
Como parte de las primeras diligencias, Marijuán también citó a Pagano para que ratifique su denuncia y solicitó datos migratorios para determinar los movimientos internacionales del imputado en los últimos años.
