La Justicia avanza sobre el patrimonio del platense Francisco Adorni y ordenó abrir sus cuentas

La situación judicial de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó ayer un nuevo capítulo. Apenas un día después de ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia federal ordenó levantar su secreto bancario y fiscal para profundizar la investigación sobre la evolución de su patrimonio durante su paso por el Ministerio de Defensa.
Política 15 de mayo de 2026

15 SEGUNDALa medida fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien subroga el juzgado de Daniel Rafecas, y apunta a reconstruir movimientos financieros vinculados a un crédito hipotecario, la compra de parte de un vehículo y el incremento patrimonial declarado por el actual diputado bonaerense que representa a nuestra ciudad.

La causa se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy enfrentada al oficialismo. En la presentación judicial sostuvo que el crecimiento patrimonial de Adorni —superior al 80% en el último año declarado— podría no tener justificación legal.

Los investigadores buscan determinar si existieron irregularidades durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos en el Ministerio de Defensa. Primero estuvo al frente de la Unidad de Auditoría Interna y luego condujo el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares.

En paralelo, la causa incorporó en los últimos días un testimonio clave relacionado con operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero en efectivo. José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que Manuel Adorni alquiló su casa mientras realizaba refacciones en otra propiedad del mismo barrio cerrado.

Según relató el testigo, recibió más de 20 mil dólares en efectivo por distintos contratos de alquiler, incluidos acuerdos firmados cuando el funcionario ya integraba el Gobierno nacional. De acuerdo con la declaración, el primero de esos contratos fue rubricado en octubre de 2023 por un monto de 5.600 dólares más un depósito de mil dólares, pagados al momento de la firma.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, el juzgado ahora buscará acceder a movimientos financieros, declaraciones impositivas y registros patrimoniales para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el crecimiento económico del dirigente libertario.

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