La causa judicial que involucra a José Luis Espert volvió a moverse y, con ella, también la incomodidad política para La Libertad Avanza. El exdiputado nacional se presentó este martes en los tribunales federales de San Isidro para ser indagado por una investigación por presunto lavado de activos, pero eligió no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito en el que defendió la legalidad de los 200 mil dólares que recibió del empresario Federico "Fred" Machado y sostuvo que ese dinero formó parte de un contrato de asesoramiento profesional.
La decisión no sorprendió dentro del expediente. Es una estrategia habitual en causas complejas: preservar la posición procesal mientras la defensa intenta fortalecer la documentación que respalda su versión. Sin embargo, en términos políticos el movimiento deja una imagen incómoda para un dirigente que hizo de la transparencia y la crítica a la vieja política uno de los ejes de su discurso público.
La defensa apuesta a demostrar que el contrato existió
La investigación, impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y bajo la órbita del juez Lino Mirabelli, busca determinar si la transferencia realizada en 2020 desde el empresario Federico Machado respondía realmente a un trabajo de consultoría o si constituyó una maniobra destinada a introducir fondos de origen ilícito dentro del circuito legal.
Machado permanece detenido en Estados Unidos luego de haber admitido responsabilidades vinculadas a maniobras de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. Aunque la acusación por narcotráfico fue descartada en ese país, ese antecedente constituye uno de los principales elementos que motivan las sospechas de la fiscalía argentina.
Frente a esa hipótesis, Espert sostiene exactamente lo contrario. En la presentación realizada ante la Justicia afirmó que el acuerdo comercial fue genuino y acompañó una serie de correos electrónicos intercambiados durante 2019 que, según su defensa, prueban que el vínculo profesional existía mucho antes de que surgieran las investigaciones internacionales contra Machado.
El contrato contemplaba honorarios por un millón de dólares para brindar asesoramiento económico vinculado a una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con la explicación del economista, la irrupción de la pandemia interrumpió el desarrollo del proyecto y únicamente llegó a percibir 200 mil dólares.
La fiscalía, sin embargo, mantiene otra lectura. Los investigadores sostienen que parte de esos fondos habría sido utilizada posteriormente para adquirir dos vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda, operaciones que forman parte del análisis patrimonial que continúa bajo investigación.
La defensa también insistió en que este expediente debería tramitar junto con otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga la relación entre Espert y Machado durante la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó logística mediante su avión privado y otros recursos. Ese planteo ya había sido rechazado, aunque volvió a ser incorporado durante la presentación realizada este martes.
Además, los abogados solicitaron nuevas medidas de prueba, la declaración de testigos vinculados al contrato y reclamaron que organismos públicos informen si existía alguna alerta oficial sobre Machado cuando ambas partes firmaron el acuerdo.
Mientras el oficialismo intenta instalar la agenda económica y proyectar el camino hacia 2027, la causa mantiene abierto un frente judicial que difícilmente desaparezca del debate político. En la rosca, los expedientes rara vez dictan condenas anticipadas, pero sí suelen imponer costos. Y cuando la bandera es la transparencia, cada explicación queda sometida a un escrutinio mucho más severo que cualquier discurso de campaña.
