Axel Kicillof salió a cortar una asociación política que comenzaba a circular junto con un expediente judicial explosivo. Albertina Mangini, detenida e imputada en una investigación por presunto lavado de dinero, no es funcionaria de su gobierno. La aclaración parece burocrática, pero políticamente cambia bastante la historia: la mujer pertenece al Poder Judicial bonaerense.
El gobernador reaccionó después de que la detenida fuera presentada periodísticamente como una "funcionaria de Kicillof". Y esta vez la discusión no requiere demasiada interpretación: una cosa es trabajar para el Poder Ejecutivo y otra pertenecer al Ministerio Público Fiscal, por más que ambas estructuras funcionen dentro de la misma provincia.
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, afirmó Kicillof.
Mangini es abogada e integrante del Ministerio Público Fiscal. El punto que pudo alimentar la confusión es que cumplía funciones en una oficina de enlace que operaba físicamente dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
Una causa pesada y una discusión política
La diferencia importa especialmente por la magnitud del expediente. La investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata, intenta reconstruir un presunto circuito de lavado que habría movilizado alrededor de $27.000 millones.
Mangini fue imputada por asociación ilícita, defraudación mediante utilización indebida de datos digitales y lavado de activos. La hipótesis investigativa sostiene que una organización habría utilizado documentación y datos biométricos de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y operar con identidades ajenas.
Entre las maniobras investigadas aparece la captación de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes presuntamente se ofrecían $80.000 a cambio de documentación, fotografías y datos biométricos. La Justicia deberá determinar ahora la participación concreta de cada imputado.
También fueron detenidos Mauro Perrota en Mar del Plata e Ignacio Leonel Marchioni en Quilmes. Este último ya aparecía imputado en la investigación vinculada con Sur Finanzas. Los procedimientos incluyeron allanamientos en La Plata y Córdoba, donde fueron secuestrados dinero en efectivo y un BMW.
Mangini y Perrota optaron por no declarar durante las indagatorias, mientras Marchioni explicó que desarrollaba actividades relacionadas con corretaje e inversiones.
La causa es suficientemente grave como para no necesitar atajos políticos. Kicillof cuestionó además que la información se hubiera publicado sin consultar previamente al Ejecutivo y reclamó una rectificación. La investigación sobre Mangini seguirá su curso y será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero la pertenencia institucional no es una opinión ni una cuestión semántica: si la imputada depende del Poder Judicial, convertirla en “funcionaria de Kicillof” porque trabajaba físicamente dentro de una dependencia provincial estira el hilo bastante más de lo que permiten los hechos. Y una causa por $27.000 millones ya tiene suficiente pólvora como para agregarle la que no trae.
