En el texto se destaca que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad deberá publicar, de manera mensual y por cada escuela, en una sección específica y de acceso público de su sitio web oficial, la siguiente información:
a) Menú aprobado y menú efectivamente servido.
b) Cantidad de raciones entregadas, discriminadas por tipo (desayuno/merienda/almuerzo).
c) Proveedor asignado y número de contrato.
d) Costo por ración y monto total facturado.
e) Fechas de entrega y frecuencia.
f) Informes de supervisión e inspecciones realizadas.
g) Cualquier incumplimiento verificado y las sanciones aplicadas.
Además, la información deberá publicarse en formatos abiertos, reutilizables y descargables, con criterios uniformes para todos los establecimientos educativos.
El proyecto del legislador de nuestra ciudad también establece el Sistema Provincial de Trazabilidad Alimentaria Escolar (SiPTAE), que registrará digitalmente todas las operaciones vinculadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE), incluyendo proveedores, órdenes de compra, facturación, entregas, raciones servidas e incidencias, y menciona que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad deberá celebrar convenios con universidades públicas, colegios profesionales y organismos especializados para realizar auditorías nutricionales externas, con una periodicidad mínima trimestral.
Los informes de auditoría deberán evaluar:
a) Calidad nutricional de los alimentos.
b) Correspondencia entre menú aprobado y menú servido.
c) Adecuación a normas sanitarias.
d) Cantidad y volumen de raciones.
Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el SAE ejecuta un presupuesto anual superior a los 300.000 millones de pesos (Presupuesto PBA 2024), monto que lo convierte en uno de los programas sociales más significativos del país, tanto por su escala como por su impacto directo en la salud y el desarrollo cognitivo de la población escolar.
“Sin embargo, pese a su importancia estratégica, el SAE opera bajo un esquema de información fragmentada, heterogénea y en muchos casos opaca, lo que dificulta la evaluación pública de su eficacia, la detección de irregularidades y la garantía de una nutrición adecuada”, advirtió Leguizamón.
“Los mecanismos de contratación, las raciones servidas, la calidad nutricional real, los menús efectivamente entregados y el costo por ración no se encuentran sistematizados ni publicados por escuela, lo que impide cualquier forma seria de control ciudadano o institucional”, agregó el senador.
En tal sentido, el representante platense sostuvo que “esta opacidad no sólo debilita la credibilidad del programa, sino que abre espacio para prácticas discrecionales, diferencias injustificadas entre distritos y casos de incumplimiento contractual que muchas veces quedan invisibles”.
