La decisión fue adoptada por los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara, Carmen Palacios Arias y Analía Carrillo, quienes entendieron que la acusación se apoyó principalmente en comentarios vecinales, testimonios indirectos y versiones que nunca pudieron ser corroboradas mediante evidencia objetiva.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre de 2015, cuando un grupo armado irrumpió en un departamento de 29 y 81 y efectuó más de una veintena de disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Couste, quien había concurrido al lugar como invitado y murió prácticamente en el acto.
Durante el debate quedó acreditado cómo ocurrió el ataque, pero no quiénes fueron sus autores. La investigación sostuvo desde un comienzo que el verdadero objetivo era Lautaro De Luca, un hombre que mantenía conflictos previos con grupos de la zona y que logró escapar por una ventana mientras se desarrollaba la balacera.
Sin embargo, ninguno de los testigos pudo identificar de manera directa a los agresores. La propietaria del departamento y otras personas vinculadas al caso reconocieron que los nombres de los acusados surgieron con el tiempo a partir de rumores que circulaban en el barrio. Incluso los intentos de reconocimiento mediante imágenes de cámaras de seguridad terminaron sin resultados concluyentes.
Ante ese escenario, el tribunal aplicó el principio de “in dubio pro reo”, que obliga a resolver las dudas en favor de los imputados. Los magistrados remarcaron que una condena penal exige certezas y no puede sustentarse en sospechas o conjeturas.
La absolución permitió la liberación definitiva de los acusados en esta causa, luego de haber permanecido más de cinco años detenidos con prisión preventiva. A una década del homicidio, la Justicia logró reconstruir el ataque, pero no identificar a quienes dispararon. El crimen de Fernando Couste, por ahora, sigue sin culpables.
