La denuncia fue presentada por integrantes de la agrupación Reset Republicano y apunta al Poder Ejecutivo por haber solicitado al Senado el retiro del único pliego que quedó fuera del paquete de nombramientos judiciales impulsados este año. Según los denunciantes, la decisión no estuvo relacionada con la trayectoria ni con la idoneidad profesional de Michelli, sino exclusivamente con su condición de cuñada del periodista que publicó investigaciones sobre la administración nacional.
El expediente quedó radicado por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas. En su dictamen, Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba para reconstruir el recorrido administrativo del pliego y determinar las razones que motivaron su retiro.
Entre otras diligencias, requirió información al Senado sobre el estado del trámite parlamentario, la existencia de comunicaciones formales enviadas por el Ejecutivo y los antecedentes del expediente. También pidió que Alconada Mon sea convocado como testigo para confirmar el vínculo familiar y precisar si recibió advertencias o comunicaciones vinculadas con la decisión oficial.
La investigación se apoya en la posible aplicación de la Ley Antidiscriminatoria, que sanciona exclusiones o restricciones fundadas en motivos ajenos a la capacidad o idoneidad de una persona para acceder a una función pública.
El caso adquirió además repercusión política. La senadora Patricia Bullrich expresó públicamente su desacuerdo con la medida y anunció que ejercerá una “objeción de conciencia” frente a la decisión de retirar la candidatura.
Michelli cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó a la Justicia Federal en 1994 y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.
Su perfil académico incluye una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, especializaciones internacionales en acceso a la justicia, derechos humanos y magistratura, además de actividad docente en la Universidad Católica de La Plata. También es autora y coautora de trabajos vinculados con perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual.
Durante el proceso de selección, su candidatura atravesó la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado sin objeciones vinculadas a sus antecedentes profesionales. Incluso una denuncia impulsada años atrás por el ex juez federal Carlos Rozanski fue archivada por inexistencia de delito.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si la decisión política de retirar su pliego respondió a razones legítimas o si, como sostienen los denunciantes, constituyó una exclusión basada en circunstancias personales ajenas a sus condiciones para acceder al cargo.
