La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas, ejecuciones fiscales y embargos sobre las pequeñas y medianas empresas mientras avanza el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal anunciado por el Gobierno nacional.
El planteo surge tras la confirmación de que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para modificar el régimen vigente. En ese marco, la entidad empresaria pidió que durante el período de espera previsto por la normativa no se apliquen sanciones a las pymes.
En un comunicado, CAME propuso que, en aquellos casos en los que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización del período de espera, la multa correspondiente se reduzca en un 50%.
Según la entidad, recién una vez vencido ese plazo adicional sin que se haya cumplido con la obligación debería aplicarse la sanción completa, conforme a los montos previstos por la legislación vigente.
Por otra parte, la organización solicitó que, debido al carácter fiscal de la iniciativa que impulsa el Gobierno, se suspendan las ejecuciones fiscales y los embargos que actualmente afectan al sector pyme.
En ese sentido, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, pidió la puesta en marcha de un régimen especial de facilidades de pago. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación".
Y agregó: "A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”.
Desde CAME argumentaron que el pedido se realiza en un contexto de consumo deprimido y en medio del debate sobre una posible reforma tributaria impulsada a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La entidad consideró que avanzar con medidas de alivio fiscal permitiría preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar el desarrollo sostenible de uno de los principales motores de la actividad económica argentina.
