Por: Gabriel Ríos Malan
Daniel Rosato reclamó una ley de salvataje para las pequeñas y medianas empresas.
El dirigente empresarial, titular de la firma metalúrgica Rosato S.A., proveedora de YPF y con actividad en el Complejo Industrial La Plata ubicado en Ensenada, sostuvo que sin medidas urgentes “la industria nacional PyME manufacturera va a caer mucho más”.
La advertencia fue realizada durante la presentación de Expo Industrias y Servicios 2026, que se desarrollará entre el 25 y el 27 de agosto en el predio de La Rural de Palermo. En paralelo tendrá lugar el 7° Congreso Nacional del Trabajo y la Producción, donde empresarios, especialistas y representantes de distintos sectores analizarán la situación económica y las perspectivas del entramado productivo argentino.
Rosato explicó que uno de los objetivos de la muestra será acercar a las PyMEs a la minería y al oil & gas, actividades que hoy concentran las mayores inversiones del país y generan nuevas oportunidades de negocios.
Según señaló, la exposición buscará fortalecer la vinculación entre empresas nacionales y compañías internacionales interesadas en desarrollar proveedores locales.
En ese sentido, adelantó que llegarán al pabellón Azul de La Rural “empresas extranjeras que buscan conectar con PyMEs nacionales, unir al 30% que produce con el 70% que sufre. Buscamos permanentemente soluciones porque creemos en el trabajo argentino, por eso no bajamos los brazos”.
Más allá de las expectativas que genera el evento, el eje central de la exposición estuvo puesto en la situación que atraviesa actualmente el sector manufacturero. Rosato estuvo acompañado por el economista Fernando Vaccarezza y por el abogado Germán Pizano, quienes aportaron sus análisis sobre la coyuntura económica y jurídica que enfrentan las empresas.
“La industria PyME atraviesa un año muy difícil, porque estamos en un proceso continuo de caída, sin diálogo ni respuestas del gobierno nacional. Por eso proponemos que el Congreso avance con la ley de Salvataje Nacional, que es semejante al RIGI, pero con vigencia solamente de un año. Por lo tanto, no debería ser un problema aprobarlo y ponerlo en práctica”, manifestó.
El dirigente industrial consideró que las empresas enfrentan crecientes dificultades para sostener la producción debido a la presión tributaria, el aumento de los costos energéticos y la falta de financiamiento accesible.
“No podemos competir con este nivel de impuestos, altos costos energéticos, sin créditos blandos. Esto hace que tengamos que impulsar esta iniciativa con urgencia. Sin esta norma la industria nacional PyME manufacturera va a caer mucho más”, agregó.
La propuesta impulsada por IPA contempla una serie de medidas excepcionales destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encuentran la emergencia tarifaria e impositiva para todo el país, la refinanciación de deudas en hasta 80 cuotas, reducciones en el IVA y en los servicios públicos, la disminución de contribuciones patronales, exenciones vinculadas al impuesto sobre débitos y créditos bancarios y la prohibición de despidos sin causa.
“Con estas medidas las PyMEs pueden salir adelante, frenar embargos y quiebras y reactivar el mercado interno”, sostuvo.
El proyecto también prevé mecanismos de financiamiento blando para empresas y trabajadores que registran elevados niveles de endeudamiento.
Rosato aclaró además que la entidad empresaria no actúa desde una posición partidaria.
“IPA no está contra el gobierno, no es parte de ningún partido político. Reclamamos lo que creemos necesario para defender y promover el empleo y el desarrollo industrial de la Argentina”, afirmó.
“Hay sectores que se están fundiendo”
Durante el encuentro también expuso el economista Fernando Vaccarezza, quien sostuvo que el crecimiento proyectado para la economía argentina durante 2026 no refleja una mejora generalizada de la actividad.
“La economía va a crecer, pero sólo por la actividad de tres de los 16 sectores. Los 13 restantes están en crisis”, afirmó.
Según explicó, la expansión de algunos sectores específicos está ocultando las dificultades que enfrentan numerosas actividades vinculadas a la producción y al empleo.
“La renta está altamente concentrada y estos tres sectores ganan tanto que hacen crecer la economía, pero el resto de los sectores se están fundiendo”, sostuvo.
Vaccarezza identificó como principales motores de la actividad al sector financiero, los agronegocios y la minería, incluyendo dentro de esta última al petróleo, el gas, la minería metalífera y la no metalífera. También señaló que existen expectativas positivas para la industria química.
El economista comparó la situación actual con la atravesada durante la pandemia, aunque remarcó una diferencia importante.
“En aquellos tiempos, sabíamos que habría un punto final, hoy no vemos horizonte de salida”, expresó.
También cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre el empleo industrial registrado.
“La motosierra no pasó por el estado y la casta, sino por el empleo registrado en la industria manufacturera”, afirmó.
Para respaldar esa definición indicó que “desde diciembre de 2023 a febrero de 2026 se perdieron 365.000 puestos de trabajo y si no cambian las políticas, a fin de año, cuando se cumplan tres años de gobierno de Milei, esa cifra va a superar los 500.000 empleos perdidos”.
Preocupación por el aumento de los concursos preventivos
La mirada jurídica sobre la situación fue aportada por Germán Pizano, abogado de IPA, quien advirtió sobre las consecuencias que la crisis económica está generando en empresas y particulares.
“Esta situación tiene repercusiones sociales y jurídicas”, señaló.
El especialista hizo referencia al crecimiento de los casos de cesación de pagos y al aumento de compañías que recurren a herramientas judiciales para intentar sostener su actividad.
“La profundidad de la crisis es mayor que otras que hemos vivido y grandes empresas están de salida”, agregó.
Según explicó, hay un incremento de los concursos preventivos por las dificultades financieras que enfrentan las empresas y las demandas impulsadas por acreedores, proveedores y trabajadores. “Con la ley que proponemos queremos frenar ese avance”, indicó.
Pizano presentó además estadísticas relevadas en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que muestran un fuerte incremento de estos procesos durante los últimos años. De acuerdo con esos datos, en 2021 se registraron 77 concursos preventivos; en 2023 fueron 82; en 2024 ascendieron a 190; mientras que durante el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban 92 casos.
Frente a este escenario, defendió la necesidad de implementar medidas transitorias que permitan preservar la actividad productiva y sostener los puestos de trabajo.
“La ley que llevamos al Congreso puede lograr una acción transitoria fuerte y permitir que las empresas recuperen capital de trabajo y conserven a sus trabajadores”, concluyó.
