El concejal Gustavo Staffolani (UCR) presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para crear el régimen excepcional y transitorio de alivio fiscal para el servicio de remises habilitados en la capital bonaerense.
El régimen, que de aprobarse tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, tiene el objetivo acompañar al transporte debidamente habilitado y sujeto a control municipal, mientras se avanza en el ordenamiento integral del sistema de transporte de pasajeros.
Según el texto, estará destinado a titulares de agencias de remises habilitadas, titulares de unidades afectadas al servicio y prestadores del servicio de transporte de remises que cuenten con habilitación municipal vigente o se encuentren en proceso administrativo de regularización exclusivamente respecto de trámites de renovación, reempadronamiento o regularización ante la autoridad municipal competente.
Durante la vigencia del régimen, serán eximidos en un 100 por ciento del pago de las tasas, derechos y aranceles administrativos municipales vinculados exclusivamente con trámites propios del servicio de remises habilitado, siempre que se trate de conceptos devengados, vencidos o exigibles durante el ejercicio fiscal 2026, o de trámites iniciados hasta el 31 de diciembre de 2026.
Quedan comprendidos en la presente exención los conceptos vinculados con:
a) renovación de autorización de unidades afectadas al servicio;
b) reempadronamiento de agencias, titulares y unidades;
c) transferencia de permisos o autorizaciones municipales;
d) verificación, inspección o reinspección técnica municipal de unidades;
e) alta, baja, afectación o desafectación de vehículos;
f) emisión de certificados municipales exigidos para trámites de renovación, transferencia, reempadronamiento o regularización del servicio.
Además, se condonarán, por única vez, los intereses, recargos y multas municipales de carácter formal originados en la mora o falta de pago de controles periódicos, desinfecciones, renovaciones o trámites administrativos propios de la actividad de remises, siempre que el beneficiario regularice su situación documental y operativa hasta el 31 de diciembre de 2026. La enumeración de conceptos comprendidos en el presente artículo tendrá carácter taxativo.
La condonación no alcanzará a sanciones firmes impuestas por prestación del servicio sin habilitación municipal, falta de seguro obligatorio, adulteración documental, obstrucción de controles, captación indebida de pasajeros, ni a infracciones que hayan puesto en riesgo la seguridad de usuarios, choferes o terceros.
Para acceder y mantener los beneficios establecidos en la presente, los beneficiarios deberán contar con habilitación municipal vigente, manteniendo asimismo la documentación del vehículo, la cobertura de seguro exigible, la licencia habilitante del conductor y las demás condiciones de seguridad previstas por la normativa vigente, así como toda documentación que sea requerida por la autoridad municipal competente. El incumplimiento de dichos requisitos producirá la pérdida del beneficio desde la fecha en que se constate la irregularidad.
Por su parte, el Ejecutivo deberá implementar, dentro de los treinta días corridos de promulgada la ordenanza, un Plan Integral de Fiscalización del Transporte de Pasajeros No Habilitado, orientado a controlar la prestación de servicios de traslado de personas que se realicen sin habilitación municipal o por fuera de las condiciones exigidas por la normativa vigente, cualquiera sea el medio utilizado para su contratación, intermediación o difusión.
El proyecto también prevé la creación de una Mesa de Seguimiento del Servicio de Remises Habilitado, integrada por representantes del Ejecutivo, la Agencia Platense de Recaudación, el área municipal con competencia en transporte y control urbano, representantes del Concejo Deliberante y entidades representativas del sector de remises.
“La propuesta busca acompañar a un sector que forma parte del sistema de transporte de pasajeros de la ciudad y que, desde hace años, presta servicio dentro de un marco regulado por el Municipio. Las agencias habilitadas, los titulares de unidades y los choferes afectados al servicio deben cumplir con trámites, controles, renovaciones, certificados, verificaciones y demás exigencias administrativas que permiten sostener una prestación formal y fiscalizada”, señaló, en primer lugar, Staffolani.
No obstante, el concejal advirtió que “el sector viene atravesando una situación cada vez más compleja”.
“Al aumento general de los costos de funcionamiento, mantenimiento de vehículos, seguros, combustible y demás gastos propios de la actividad, se suma una carga administrativa que impacta directamente sobre quienes intentan permanecer dentro del sistema formal”, agregó el edil opositor.
“A ello se agrega una realidad que tampoco puede ser desconocida. En los últimos años crecieron distintas modalidades de traslado de personas que compiten en el mismo mercado, pero que no siempre se encuentran sometidas al mismo nivel de control, habilitación, exigencias y cargas. Esa diferencia genera una desigualdad evidente para quienes sí cumplen con la normativa municipal”, señaló Staffolani.
