El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio quedó a un paso del juicio oral en una causa que investiga la justicia penal de La Plata en torno a un presunto esquema de corrupción vinculado al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal de nuestra ciudad, Álvaro Garganta, dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio, al considerar acreditada una maniobra que habría permitido el pago de sobornos a través de una empresa ligada al exfuncionario.
Según la acusación, varias compañías que buscaban operar el servicio de VTV debían contratar a “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, una firma sin antecedentes relevantes en el sector tecnológico que terminó recibiendo un porcentaje de cada verificación realizada. La comisión arrancó en un 3% y luego escaló al 8,5% más IVA.
Para el fiscal, el dato más comprometedor es que los acuerdos con esa empresa fueron firmados incluso antes de que concluyera el proceso licitatorio. De acuerdo con el expediente, los contratos comenzaron a rubricarse en mayo de 2023, semanas antes de la apertura de ofertas y de la adjudicación definitiva del servicio.
La investigación también detectó que tres compañías que ingresaron por primera vez al negocio de la VTV decidieron contratar a la misma firma, pese a no estar obligadas a hacerlo. Para Garganta, esa coincidencia refuerza la hipótesis de que la contratación formaba parte de una condición impuesta desde el propio Ministerio y no de una decisión empresarial independiente.
Otro de los puntos que llamó la atención de la Justicia es el perfil de la empresa beneficiada. Entre 2021 y 2023 prácticamente no registró actividad. En mayo de 2023 fue adquirida por Sebastián Desio, un militante identificado con el Frente Renovador y cercano a D’Onofrio. Según declaró el contador de la sociedad, la operación no incluyó empleados ni bienes significativos.
Cinco días después del cambio de manos, la firma comenzó a firmar acuerdos con las futuras adjudicatarias de la VTV. Desde entonces, los ingresos crecieron de manera exponencial. Datos bancarios incorporados al expediente indican que recaudó más de $1.800 millones durante 2024 y otros $3.100 millones hasta septiembre de 2025, alcanzando un total cercano a los $5.000 millones.
El dictamen fiscal sostiene que parte del dinero generado por cada verificación era derivado directamente a Soluciones SA, mecanismo que, según la acusación, permitió canalizar pagos irregulares sin que esos fondos ingresaran previamente al patrimonio de las concesionarias.
Además de D’Onofrio, imputado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, el fiscal pidió que sean juzgados otros siete empresarios y el propio Desio.
El exministro enfrenta además otras complicaciones judiciales. Continúa bajo investigación en la causa por presuntas irregularidades con las fotomultas y registra un procesamiento por lavado de dinero en la Justicia federal.
En paralelo, la pesquisa sobre las fotomultas sigue sumando pruebas. Los investigadores analizan una supuesta red de gestores que ofrecía reducciones de hasta el 50% en infracciones de tránsito, con participación de exfuncionarios y jueces de faltas. Entre los nombres señalados aparece el del exjuez platense Mario Quattrocchi, vinculado por la causa a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, dirigente cercana a D’Onofrio.
Precisamente, Pombo también aparece mencionada en el expediente de la VTV. Un testigo de identidad reservada afirmó que Desio concurría con frecuencia a su domicilio. Además, la Justicia detectó movimientos financieros bajo análisis: entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, el empresario retiró en efectivo unos 370.000 dólares adquiridos a través del sistema bancario.
