El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en calle 48 entre Diagonal 77 y 3, en pleno centro de La Plata.
La principal imputada es Roxana Aloise, presidenta y accionista mayoritaria de la empresa, a quien se le atribuyen los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real.
Según el requerimiento fiscal, la investigación permitió reunir pruebas suficientes para sostener que la empresaria mantuvo operativo un establecimiento que había sido clausurado semanas antes por la Municipalidad debido a la falta de habilitación y a graves deficiencias en materia de seguridad.
Para la acusación, el siniestro fue consecuencia de una conducta negligente e imprudente por parte de la titular de la firma, quien habría ignorado disposiciones oficiales y continuado con la actividad comercial pese a las restricciones vigentes.
La reconstrucción realizada durante la instrucción determinó que el fuego se inició por una falla eléctrica en un balastro ubicado en la planta baja del inmueble. Las llamas se propagaron rápidamente por los distintos niveles del edificio, utilizado para almacenar electrodomésticos, hasta provocar el colapso de parte de la estructura. Durante horas, una espesa columna de humo negro cubrió la zona, mientras heladeras, lavarropas y otros artefactos caían desde los pisos superiores hacia la calle.
Los peritajes realizados por la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal descartaron la participación de terceros y concluyeron que el origen del incendio fue accidental. Sin embargo, el fiscal entendió que la magnitud del desastre estuvo directamente vinculada a las irregularidades detectadas en el funcionamiento del depósito.
Entre ellas, la falta de sistemas de detección y prevención de incendios, la ausencia de extintores adecuados y la inexistencia de habilitación municipal para desarrollar la actividad. Además, se estableció que el inmueble funcionaba sobre un predio donde años atrás había operado una estación de servicio y que aún conservaba cinco tanques de combustible inertizados.
La causa también incorporó documentación municipal que acredita que el 25 de junio de 2025 inspectores comunales habían clausurado preventivamente el lugar tras constatar las irregularidades. La medida fue posteriormente ratificada por el Juzgado de Faltas, que notificó formalmente a la empresa.
Pese a ello, dos empleados declararon ante la Justicia que el depósito continuó funcionando normalmente. Ambos señalaron que recibieron instrucciones para seguir trabajando, impedir el ingreso de inspectores y evitar la firma de actas oficiales. También afirmaron que las fajas de clausura fueron retiradas para mantener la actividad.
El expediente destaca además el riesgo al que estuvieron expuestos los vecinos linderos. Una de las situaciones más dramáticas fue la vivida por Martina Píccoli, quien logró escapar de su vivienda tras ser alertada por un vecino cuando el incendio ya estaba fuera de control. Minutos después, parte del edificio se derrumbó sobre su propiedad, provocando severos daños estructurales.
Con la investigación concluida y sin medidas de prueba pendientes, Padovan consideró acreditada la responsabilidad penal de la empresaria y pidió que la causa sea remitida a juicio oral. Ahora será la Justicia la que determine si Aloise debe responder por uno de los incendios más impactantes registrados en la capital bonaerense durante los últimos años.
