La ciudad de La Plata fue uno de los escenarios de un masivo operativo judicial y policial contra la ciberpedofilia que ayer movilizó recursos en toda la provincia de Buenos Aires. En el marco de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se realizaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades con el objetivo de detectar y desarticular actividades vinculadas a la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, además de casos de grooming.
La investigación, coordinada por fiscales especializados del Ministerio Público bonaerense, alcanzó objetivos en los departamentos judiciales de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Morón, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Martín, Avellaneda-Lanús y otras jurisdicciones. En nuestra ciudad intervino la UFIJ N°15, especializada en la temática, a cargo de los fiscales Cecilia Corfield y Hugo Tesón.
Según los datos oficiales, fueron investigadas 111 personas: 106 hombres y cinco mujeres. Además, se detectó la participación de dos menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil. El rango etario de los involucrados va desde los 15 hasta los 75 años.
Los procedimientos permitieron secuestrar 80 computadoras, 165 teléfonos celulares, 160 dispositivos de almacenamiento digital y dos armas de fuego. También se realizaron 31 análisis preliminares sobre equipos electrónicos incautados para avanzar en la obtención de pruebas.
Uno de los datos que más preocupación generó entre los investigadores fue la identificación de 37 menores que convivían con personas bajo sospecha. Asimismo, se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil y se estableció que al menos seis de los investigados desarrollaban actividades con contacto habitual con niños y adolescentes.
La pesquisa también alcanzó una unidad penitenciaria, donde algunos de los investigados ya se encuentran detenidos por delitos contra la integridad sexual. Además, se identificó a un sospechoso con antecedentes por abuso sexual infantil y surgió una nueva imputación por producción y distribución de material ilegal a partir de una investigación iniciada en un operativo anterior.
La operación fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General bonaerense y contó con la participación de fiscalías especializadas y efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad, Prefectura Naval Argentina y diversas divisiones especializadas en ciberdelito.
Desde la Procuración General destacaron que el objetivo central del operativo fue profundizar la lucha contra los delitos sexuales cometidos a través de plataformas digitales y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a las nuevas modalidades de captación y explotación en línea.
