La resolución fue adoptada tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre los riesgos que podría generar el proceso de venta de la compañía en áreas sensibles como el acceso al agua potable, el saneamiento y la ejecución de obras esenciales.
El fallo ordena a AySA abstenerse de reducir inversiones, modificar compromisos asumidos o flexibilizar los estándares de calidad mientras avanza el esquema de privatización impulsado por la administración nacional. La decisión judicial surge luego de que el Ministerio de Economía autorizara el llamado a licitación para transferir la mayor parte del paquete accionario de la empresa a un operador privado.
En su resolución, el juez Mariano López consideró que el nuevo marco contractual podría derivar en una disminución de las exigencias regulatorias y en la postergación de obras consideradas estratégicas para la expansión y mantenimiento del servicio. Además, sostuvo que el proceso no contempla de manera suficiente mecanismos de prevención y recomposición ambiental.
Desde la Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, señalaron que la privatización podría comprometer derechos colectivos vinculados al acceso al agua potable y a un ambiente sano. En ese sentido, el organismo reclamó que antes de cualquier transferencia se realice una auditoría independiente para determinar los pasivos ambientales acumulados por la empresa y el estado de los sitios potencialmente contaminados.
La medida judicial también pone el foco en la denominada “deuda ambiental” que, según el planteo presentado, mantiene la compañía en territorio bonaerense. Para los impulsores de la acción, cualquier modificación societaria debería contemplar previamente la remediación de esos pasivos y garantizar la continuidad de las inversiones necesarias.
El plan oficial prevé la incorporación de un operador estratégico privado y la colocación de parte de las acciones en el mercado. Sin embargo, la cautelar abre un nuevo frente judicial y obliga a que, mientras se discute el futuro de la empresa, no se alteren las condiciones de prestación de un servicio considerado esencial para millones de usuarios.
