Por: Juan Martínez
Según la información recibida, uno de los episodios que genera cuestionamientos ocurrió el último 20 de mayo, cuando un automóvil Fiat Siena gris fue interceptado en inmediaciones de las calles 28 y 472 tras ser reportado como sospechoso. De acuerdo con las versiones recogidas, el conductor se habría identificado inicialmente como personal policial, aunque posteriormente manifestó ser civil. Tras consultas con superiores, el hombre fue liberado.
Las fuentes consultadas señalan que esta persona habría participado como testigo en distintas actuaciones policiales, entre ellas una investigación vinculada a robos ocurridos en la zona comercial de la calle Cantilo, causa que tramita ante la UFI N° 7.
Otro de los puntos que despierta preocupación está relacionado con una serie de robos registrados en el corredor comercial de City Bell. Según las denuncias, un sospechoso de cometer ilícitos en la zona habría sido identificado por personal policial, aunque posteriormente se retiró sin ser aprehendido por falta de elementos suficientes. Horas más tarde se habrían producido nuevos hechos delictivos en comercios ubicados sobre Cantilo y en 13 C y 472.
Las críticas también alcanzan al sistema de caminantes dispuesto para reforzar la seguridad en el centro comercial. De acuerdo con la documentación y testimonios aportados, existen dudas respecto del efectivo cumplimiento de los servicios consignados en las órdenes de servicio, particularmente en sectores considerados estratégicos para la prevención de delitos.
Asimismo, las denuncias apuntan a presuntas irregularidades vinculadas con la asignación de horas de servicio, adicionales, licencias y diagramación de personal. Entre las observaciones figuran supuestas incompatibilidades horarias, coberturas simultáneas y diferencias en el otorgamiento de jornadas compensatorias.
En el mismo contexto, fuentes consultadas indicaron que uno de los efectivos de la dependencia, identificado como “G”, viajó recientemente a Miami, Estados Unidos, sin contar con la correspondiente autorización administrativa ni con la documentación exigida para la salida del país de personal policial en actividad. Esta situación, de confirmarse, podría derivar en actuaciones administrativas internas para determinar eventuales responsabilidades.
Otro de los aspectos señalados es la utilización de efectivos policiales para cubrir servicios en distintas dependencias o destinos, situación que, según las fuentes consultadas, podría afectar la capacidad operativa de la dependencia frente al incremento de hechos delictivos registrados en la jurisdicción durante los últimos meses.
Hasta el momento, las autoridades policiales y los organismos de control correspondientes no se manifestaron respecto a los puntos denunciados.
