La apertura económica de Javier Milei acaba de ingresar en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de reducir aranceles, flexibilizar importaciones o abaratar productos en las góndolas. En silencio, casi lejos del radar de la discusión pública, el Gobierno comenzó a desmontar buena parte de las medidas antidumping que durante años funcionaron como una barrera de contención para sectores estratégicos de la industria argentina.
La discusión parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas y económicas. Lo que está en juego no es únicamente el precio de un producto importado. Lo que se discute es si una fábrica argentina puede seguir produciendo frente a competidores internacionales que operan con escalas gigantescas, financiamiento subsidiado y respaldo estatal directo.
Durante los primeros meses del año, la Secretaría de Comercio avanzó sobre más de una veintena de expedientes vinculados a medidas antidumping que vencían en 2026. El resultado muestra una orientación clara: nueve protecciones fueron eliminadas o dejaron de renovarse, apenas tres lograron sostenerse y el resto continúa bajo revisión o en situaciones transitorias.
El dato más significativo es quién aparece detrás de la mayoría de esos expedientes. China participa en 17 de los 21 casos analizados. No se trata de un detalle menor. El principal beneficiario de la apertura argentina es una economía que combina planificación estatal, subsidios, crédito dirigido y una agresiva política exportadora. Paradójicamente, el gobierno libertario que combate cualquier intervención estatal doméstica decidió abrir sectores completos de la economía local a la competencia de un país donde el Estado sigue siendo un actor central de la producción.
El costo oculto de los insumos baratos
La explicación oficial es sencilla. Según el equipo económico, las medidas antidumping encarecen artificialmente los insumos industriales y terminan afectando la competitividad general. Bajo esa lógica, permitir el ingreso de aluminio, químicos, plásticos, autopartes y componentes más baratos debería reducir costos y mejorar la productividad. Sobre el papel suena razonable.
El problema aparece cuando la teoría se encuentra con la estructura productiva argentina.
Más del 70% de los expedientes involucran precisamente bienes intermedios e insumos industriales. Entre ellos aparecen chapas y láminas de aluminio, perfiles de PVC, resinas, químicos petroquímicos, amortiguadores, rodamientos y componentes mecánicos utilizados por miles de empresas nacionales.
Uno de los casos más sensibles fue la caída de la protección sobre productos de aluminio provenientes de China, que contaban con un derecho antidumping cercano al 28%. La medida impacta directamente sobre Aluar, pero también sobre una extensa red de pymes metalúrgicas que ya enfrentan una fuerte presión importadora.
La preocupación se replica en el sector autopartista. El ingreso de piezas provenientes de Asia creció más de un 80% durante el último año. Al mismo tiempo, fueron perdiendo protección algunos componentes clave para la producción local. La consecuencia es sencilla de entender: si la pieza importada llega más barata que la nacional, el fabricante local pierde mercado, reduce producción y eventualmente empleo.
Los números de la industria muestran que la preocupación no es teórica. La última encuesta de la Unión Industrial Argentina reveló que más del 22% de las empresas redujo personal. Entre quienes realizaron ajustes, más de un tercio también disminuyó turnos de trabajo y una parte adelantó vacaciones para sostener niveles mínimos de actividad.
El problema se agrava porque la competencia no ocurre entre actores equivalentes. Una pyme metalúrgica de San Martín, Rosario o Córdoba no compite únicamente contra otra empresa. Compite contra sistemas productivos respaldados por Estados que financian exportaciones, sostienen infraestructura estratégica y protegen sectores considerados sensibles.
Por eso la discusión de fondo excede los aranceles. Lo que el Gobierno denomina eliminación de distorsiones es interpretado por buena parte del entramado industrial como un retiro acelerado de las herramientas defensivas que permitían sostener empleo y producción local. La apuesta oficial es que la competencia genere eficiencia. La incógnita es cuánto tejido productivo sobrevivirá hasta que esa eficiencia aparezca.
Porque una fábrica que cierra no se reabre con la misma facilidad con la que se firma una resolución administrativa. Una cadena de proveedores que desaparece no vuelve a construirse de un día para otro. Y cuando una economía reemplaza producción por importaciones, los precios pueden bajar durante un tiempo, pero el empleo, la inversión y el conocimiento productivo suelen tardar mucho más en regresar.
La verdadera pregunta no es si entrarán más productos extranjeros. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es cuántas fábricas argentinas seguirán abiertas cuando termine el experimento.
