La convocatoria estará abierta desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto. Durante ese período, magistrados, funcionarios, trabajadores judiciales, colegios profesionales, universidades y otros sectores interesados podrán enviar observaciones y sugerencias sobre el proyecto de reglamento.
La iniciativa, impulsada mediante resoluciones de la Suprema Corte, busca establecer pautas para el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Mientras se sustancia la consulta y no exista una versión definitiva, el texto tendrá carácter orientador y no obligatorio. Una vez cerrado el plazo, una comisión especial deberá reunir las opiniones recibidas y elevar un informe al máximo tribunal provincial.
El proyecto contempla la creación de la Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, que estará integrada por áreas de planificación, tecnología informática y servicios jurisdiccionales de la Corte. Ese organismo tendrá funciones vinculadas con la aplicación de la futura normativa.
Entre sus puntos centrales, la propuesta establece que el uso de inteligencia artificial no exime de responsabilidad a magistrados, funcionarios y agentes que intervengan en actos judiciales. Por el contrario, exige que exista un control humano sustantivo, efectivo y documentado sobre cualquier resultado generado por esas herramientas.
El reglamento también subraya que la función jurisdiccional es indelegable. Por eso, prohíbe que sistemas automatizados adopten decisiones judiciales, realicen valoraciones probatorias o elaboren razonamientos jurídicos destinados a sostener resoluciones o sentencias.
Además, dispone que todo tratamiento de datos personales deberá ajustarse a la Ley 25.326. La discusión abierta por la Corte apunta a definir un marco para incorporar tecnología sin desplazar el control humano ni comprometer las garantías propias del proceso judicial.
