Sin embargo, la medida despertó preocupación entre cooperativas y organizaciones sociales que actualmente realizan tareas para el Municipio y temen quedar excluidas de las futuras contrataciones.
Las licitaciones contemplan la contratación de servicios de mantenimiento urbano en las delegaciones comunales, limpieza y mantenimiento del espacio público, corte de césped y poda del arbolado, y asistencia operativa para la recolección de residuos. La apertura de sobres está prevista para el próximo 6 de julio.
A raíz de esta decisión, distintas organizaciones, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener sobre cientos de familias que actualmente dependen de estas tareas.
Joana Zapata, trabajadora de la cooperativa Recicladores Unidos, que desde hace más de diez años se dedica a la recolección, reciclado y capacitación en un galpón ubicado en Los Hornos, aseguró a Capital 24 que las entidades fueron notificadas recientemente sobre el cambio de modalidad.
“Hace unos días nos enteramos que el Municipio no quiere trabajar más con cooperativas. Estamos hablando de familias que se quedan sin trabajo. Todas las cooperativas, no solo la nuestra, están en riesgo”, afirmó.
Según explicó, desde la Comuna les señalaron que los organismos de control provincial cuestionaron las contrataciones directas y que los servicios deberán canalizarse mediante procesos licitatorios. Sin embargo, sostuvo que las cooperativas cuentan con experiencia demostrada en las tareas que realizan y reclamó la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.
Zapata también indicó que, en el caso específico del reciclado, el Municipio les habría comunicado que ya cuenta con una empresa para desarrollar esa actividad, por lo que no prevé incorporar cooperativas para ese servicio. Como alternativa, señaló que se les ofreció una asistencia alimentaria que consideran insuficiente frente a la pérdida de fuentes laborales.
Por su parte, Agustín Ducid, trabajador del área de construcción del MTE, cuestionó las condiciones de las licitaciones y sostuvo que resultan difíciles de cumplir para las cooperativas.
“No estamos en contra de que se licite, pero pedimos un tiempo para preparar el terreno y adecuarnos a los requisitos”, expresó. Según explicó, las organizaciones plantean la necesidad de una transición de varios meses que permita a las cooperativas adaptarse al nuevo esquema sin que los trabajadores queden sin empleo de manera inmediata.
Además, advirtió que las nuevas contrataciones estarían diseñadas para absorber alrededor de 2.500 puestos de trabajo, cuando actualmente las tareas involucran a unas 5.000 personas. “La mitad podría quedar afuera”, alertó.
Desde las organizaciones recuerdan que las contrataciones directas con cooperativas se vienen realizando desde 2011 y sostienen que la legislación provincial contempla mecanismos que permitirían garantizar su participación. En ese sentido, consideran que el problema no es la realización de licitaciones sino la falta de tiempo y condiciones para que las cooperativas puedan competir.
Detrás del cambio aparece una observación realizada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Según explicaron las organizaciones, el organismo viene objetando las contrataciones directas realizadas por el Municipio durante los procesos de rendición de cuentas, situación que habría impulsado a la administración comunal a reemplazar ese mecanismo por licitaciones públicas.
Mientras el proceso avanza y la apertura de sobres se acerca, las cooperativas reclaman que se resguarden los puestos de trabajo y que se habiliten instancias que permitan su continuidad dentro del nuevo esquema de contratación.
