La crisis del transporte en San Miguel del Monte sumó un nuevo capítulo, pero lejos de acercar una solución, la decisión del Gobierno municipal terminó agravando el conflicto.
Tras varios días de reclamos, reuniones y una importante movilización de vecinos frente al Concejo Deliberante, el Municipio anunció que la Línea 88 funcionará con apenas tres frecuencias diarias entre Monte y Cañuelas. En los hechos, la medida oficializa el recorte de cuatro servicios y consolida una situación que miles de usuarios consideran insostenible.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre quienes esperaban que las gestiones del intendente *José Castro* permitieran recuperar las frecuencias eliminadas por la empresa Expreso Liniers. Ocurrió exactamente lo contrario: el recorte quedó firme y fue comunicado por el propio Municipio como resultado de las negociaciones.
Una solución que no resuelve nada
El punto más cuestionado por los usuarios no es solamente la reducción del servicio, sino la manera en que fue presentada.
Después de una reunión entre el intendente y el empresario *José Troglio*, propietario de Expreso Liniers y presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, el Ejecutivo difundió el nuevo cronograma como si representara un avance.
Sin embargo, para los vecinos el resultado es contundente: de siete colectivos diarios quedaron solamente tres.
Los nuevos horarios tampoco responden a las necesidades de quienes deben trasladarse para trabajar, estudiar o realizar tratamientos médicos. Además, el Municipio ni siquiera informó cómo funcionará el servicio durante los fines de semana.
Los que pagan el costo son siempre los mismos
Cada frecuencia eliminada tiene consecuencias concretas.
Detrás del recorte hay estudiantes que no saben cómo llegar a sus clases, trabajadores que dependen del colectivo para conservar su empleo, pacientes que viajan periódicamente al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y familias que deben trasladar a niños para realizar tratamientos médicos.
También están los vecinos de Abbott, Berra, Videla Dorna, La Noria y distintos parajes rurales que prácticamente no cuentan con otra alternativa de transporte.
Para todos ellos, la decisión significa más tiempo de espera, mayores gastos o, directamente, la imposibilidad de viajar.
Un reclamo ignorado
La polémica también dejó expuesta la relación entre el Municipio y los vecinos autoconvocados.
Los representantes que habían participado de la reunión con el intendente aseguran que nunca fueron informados del acuerdo alcanzado con la empresa. La decisión se conoció a través de las redes sociales oficiales, sin una nueva instancia de diálogo ni una explicación pública sobre los criterios adoptados.
Ese manejo profundizó el malestar y alimentó la sensación de que el reclamo ciudadano terminó siendo desoído.
No se trata de un conflicto reciente. Durante el último año los usuarios presentaron cientos de firmas solicitando más frecuencias, mientras que el Concejo Deliberante aprobó resoluciones reclamando mejoras. Ninguna de esas iniciativas logró modificar la realidad.
Monte, cada vez más desconectado
El recorte de la Línea 88 llega, además, en un contexto particularmente delicado.
El servicio ferroviario también fue reducido a apenas dos frecuencias diarias y registra cancelaciones permanentes, dejando a miles de vecinos con opciones de movilidad cada vez más limitadas.
Lejos de fortalecer la conectividad entre Monte y Cañuelas, las decisiones adoptadas en los últimos meses parecen ir en sentido contrario.
Mientras otras ciudades buscan ampliar el transporte público para favorecer el desarrollo económico y garantizar derechos básicos, Monte enfrenta un escenario donde viajar para estudiar, trabajar o acceder a la salud comienza a convertirse en un privilegio.
Un conflicto que recién empieza
Los vecinos ya convocaron a una nueva movilización frente al Municipio y continúan reuniendo firmas para exigir la restitución de las frecuencias eliminadas o la creación de un nuevo servicio que cubra el recorrido entre Monte, Abbott y Cañuelas.
La discusión ya no pasa solamente por un colectivo más o un colectivo menos. Lo que está en juego es la capacidad del Estado local para defender los intereses de su comunidad frente a una empresa concesionaria y garantizar un servicio esencial.
Porque cuando un municipio termina comunicando como un logro una medida que reduce derechos, el problema deja de ser únicamente de transporte. Se convierte, inevitablemente, en una discusión sobre las prioridades de la gestión y el rol que debe asumir el Estado frente a las necesidades de sus vecinos.
