La iniciativa busca generar herramientas específicas de acompañamiento y protección para sectores considerados de mayor riesgo frente a distintas situaciones de inseguridad, violencia o desprotección.
Cabe señalar que la protección de los derechos de las personas mayores cuenta con un marco normativo específico tanto en el sistema internacional como en la legislación argentina. En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece estándares para garantizar la igualdad, la dignidad, la autonomía y la no discriminación por motivos de edad. En Argentina, este instrumento fue aprobado por la Ley 27.360 e incorporado al orden jurídico nacional, otorgando un marco de protección reforzado a este colectivo.
Asimismo, el sistema de Naciones Unidas ha impulsado distintos debates orientados a fortalecer la protección de las personas mayores, en un contexto en el que aún se discute la necesidad de avanzar hacia un instrumento internacional de carácter vinculante que unifique estándares de derechos humanos en la materia.
Según expresó el concejal en sus argumentos, “diversos relevamientos periodísticos basados en causas iniciadas en fiscalías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los últimos meses coinciden en señalar que los delitos bajo la modalidad de ‘entraderas’ contra personas mayores constituyen un fenómeno en franco crecimiento, con estimaciones que varían entre 55 y 100 hechos diarios según la fuente y el período considerado”.
“Estos hechos comparten un patrón reiterado: bandas que realizan tareas de inteligencia previa para identificar viviendas habitadas por jubilados o por personas que residen solas, aprovechando su menor capacidad de resistencia física”, agregó Ganduglia.
El exsecretario de Seguridad agregó que “el Partido de La Plata no resulta ajeno a esta problemática. En los últimos meses se registraron hechos de esta naturaleza en distintas zonas del distrito —entre ellas Casco Urbano, Los Hornos, Gonnet, Ringuelet, Tolosa y Lisandro Olmos—, con ingresos violentos a domicilios de adultos mayores tanto en horario nocturno como diurno".
"La vulnerabilidad física propia de la edad avanzada o de la movilidad reducida dificulta, en muchos casos, alcanzar el teléfono o activar una alarma vecinal durante la irrupción delictiva, lo que reafirma la necesidad de un mecanismo de auxilio silencioso, portátil y de activación instintiva”, remarcó.
En otro tramo de los fundamentos, el edil sostuvo que “ante este escenario, el Estado municipal no puede permanecer como un espectador pasivo".
