En esta oportunidad declararán tres efectivos de la Policía Federal Argentina que participaron de distintas instancias de la investigación. Entre ellos se encuentra un comisario que años atrás fue denunciado por presuntas maniobras de espionaje ilegal contra feriantes del Parque Saavedra. Si bien esa causa fue archivada en un primer momento, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó posteriormente reabrir la investigación.
Las testimoniales generan expectativa por los aportes que puedan realizar sobre las primeras medidas investigativas y el funcionamiento de la pesquisa que derivó en el actual debate oral, a casi nueve años de la desaparición de la joven.
El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. En el banquillo de los acusados hay ocho personas señaladas como integrantes de una organización criminal que operaba en la denominada Zona Roja platense.
Los imputados son Carlos Rodríguez, alias "El Cabezón"; Hernán D'Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza, quienes enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, comercialización de estupefacientes, encubrimiento agravado y falso testimonio, entre otros delitos.
El proceso, sin embargo, no busca establecer quién mató a Johana Ramallo. Hasta el momento no hay personas imputadas ni procesadas por su muerte, una de las principales demandas que sostiene la familia desde el inicio de la investigación.
Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, en la Zona Roja de La Plata. Un año después comenzaron a aparecer restos humanos en distintos sectores de la costa de Berisso, que en 2019 fueron identificados mediante estudios de ADN. La Justicia aún no logró determinar la causa de su muerte, aunque sí tiene acreditado que su cuerpo fue ocultado y que solo una parte de sus restos pudo ser recuperada.
Mientras avanza el debate oral, la investigación principal continúa con nuevas medidas de prueba. Peritos trabajan sobre la información extraída del teléfono celular y del iPad secuestrados a Javier Novarini, un testigo que aseguró contar con fotografías y videos de interés para la causa. El análisis del material demandará varios meses.
En paralelo, la querella que representa a Marta Ramallo, madre de la joven, solicitó la detención de Novarini por presunto falso testimonio, aunque el pedido fue rechazado por el tribunal.
También se encuentran en marcha pericias genéticas sobre un cráneo hallado en Isla Paulino, en Berisso, para establecer si corresponde a Johana Ramallo. Los resultados de esos estudios son aguardados con expectativa por la familia y por todas las partes que intervienen en el expediente.
De este modo, mientras el juicio oral avanza en la reconstrucción del entramado de trata y explotación sexual que, según la acusación, rodeó la desaparición de Johana, la investigación destinada a esclarecer su muerte continúa abierta y sin responsables identificados.
