Al respecto, en dicha organización afirmaron que seguirán "organizados y en lucha" hasta que se reconozca su trabajo. En el mismo sentido se pronunció la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Tras la decisión de la Cámara, de no mediar una nueva resolución judicial, el beneficio dejará de abonarse. El fallo dejó sin efecto la decisión del Juzgado Federal de Campana que, en abril último, había ordenado restituir transitoriamente el pago mientras se resolvía el fondo de la causa.
La medida impacta sobre los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, uno de los dos esquemas en los que el Gobierno nacional dividió el ex Potenciar Trabajo en 2024. El otro es Acompañamiento Social, destinado a personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos en situación de vulnerabilidad.
En abril de este año, el Gobierno resolvió dar por finalizado Volver al Trabajo al considerar cumplido el plazo previsto para el programa. Sin embargo, organizaciones sociales promovieron un amparo colectivo y el Juzgado Federal de Campana había ordenado mantener los pagos hasta que existiera una política pública alternativa. Esa medida cautelar fue ahora revocada por la Cámara Federal de San Martín.
Con este nuevo fallo, el Ministerio de Capital Humano quedó habilitado para avanzar con el reemplazo del esquema de transferencias directas por un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a financiar cursos de formación en oficios y entrenamiento para la inserción en el mercado laboral.
El fallo representa un nuevo respaldo judicial a la estrategia del Gobierno nacional para desmantelar el esquema de transferencias directas heredado de programas sociales anteriores y avanzar hacia un sistema basado en capacitaciones y vouchers laborales.
Cautelar anulada
La resolución de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno y dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
En primera instancia, el magistrado había considerado que la interrupción del programa constituía una medida regresiva e inconstitucional para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Sin embargo, los camaristas sostuvieron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado del juicio principal, razón por la cual decidieron revocar la protección judicial que garantizaba la continuidad de los pagos.
Casi un millón de personas perderán el ingreso desde agosto
La decisión tendrá un impacto inmediato sobre los trabajadores inscriptos en Volver al Trabajo.
Desde agosto dejarán de percibir el ingreso mensual de entre $78.000 y $80.000, una ayuda que para numerosas familias representa el único complemento económico destinado a cubrir necesidades alimentarias básicas.
Aunque el monto permanecía congelado desde comienzos de la actual gestión, organizaciones sociales remarcan que seguía siendo un ingreso indispensable para cientos de miles de hogares sin empleo formal.
El conflicto comenzó tras la decisión del Gobierno nacional de desacoplar el beneficio del Salario Mínimo Vital y Móvil, mecanismo que regía desde 2016.
Hasta diciembre de 2023, los titulares de los programas sociales percibían un ingreso equivalente al 50% del salario mínimo. Con la nueva resolución oficial, el monto quedó fijado en $78.000 y nunca volvió a actualizarse.
Según cálculos difundidos por organizaciones sociales, si se hubiera mantenido el mecanismo original, el beneficio debería ubicarse actualmente en torno a $186.200.
Esto implica una pérdida cercana al 58% respecto de la actualización prevista por la normativa anterior y una caída aproximada del 76% frente a la evolución de la Canasta Básica Alimentaria, reduciendo drásticamente su capacidad de compra.
