El Gobierno volvió a comprobar que el Senado sigue siendo el territorio donde las mayorías no se decretan. La Libertad Avanza debió postergar, una vez más, el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo más conflictivo propone modificar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La sesión terminó convertida en otro capítulo de la guerra interna oficialista, con diferencias entre Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Victoria Villarruel que dejaron al descubierto una conducción política incapaz de ordenar a sus propios aliados.
El proyecto, considerado estratégico por el ala desreguladora del Gobierno, quedó aplazado hasta el 6 de agosto luego de que el oficialismo reconociera que no tenía los votos para aprobar uno de los puntos más sensibles de la iniciativa. No fue un traspié menor. Fue la cuarta postergación de un expediente que lleva meses de negociación y que ya atravesó quince versiones distintas sin conseguir una fórmula capaz de construir una mayoría.
La pelea ya no era con la oposición, sino dentro del propio oficialismo
En la superficie, la discusión giraba alrededor de la Ley de Tierras. En el fondo, el conflicto era político. La propuesta original buscaba eliminar las restricciones nacionales para la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Sin embargo, la resistencia de senadores dialoguistas y representantes provinciales obligó a sucesivas modificaciones.
Los últimos borradores intentaban acercar posiciones otorgando mayor protagonismo a las provincias para definir sus propios límites sobre la compra de tierras. Esa salida había sido conversada durante las negociaciones parlamentarias, pero terminó chocando con la posición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó la nueva redacción por considerar que desnaturalizaba el objetivo original del proyecto.
La diferencia dejó expuesta a Patricia Bullrich, encargada de conducir las conversaciones en el Senado. Según distintas versiones parlamentarias, la senadora ya había transmitido los cambios acordados cuando recibió el rechazo del equipo de Sturzenegger, obligándola a retroceder sobre una negociación que creía encaminada.
El resultado fue previsible: varios aliados decidieron no acompañar una iniciativa cuyo contenido seguía modificándose sobre la marcha. Radicales, provinciales y bloques dialoguistas mantuvieron sus reparos, especialmente frente al capítulo referido a la extranjerización de tierras.
La falta de respaldo obligó al oficialismo a pedir un cuarto intermedio para evitar una derrota formal en el recinto. La decisión funcionó como un reconocimiento explícito de que los números no alcanzaban.
Pero las dificultades no terminaron ahí. La tensión entre Bullrich y Victoria Villarruel terminó filtrándose al propio desarrollo de la sesión. La vicepresidenta tampoco mostraba entusiasmo por abrir un debate condenado al fracaso y la relación entre ambas volvió a deteriorarse con un intercambio de mensajes que rápidamente circuló por los pasillos del Congreso.
Mientras el oficialismo intentaba sostener una imagen de cohesión, la escena mostraba exactamente lo contrario: ministros cuestionando el texto que negociaban sus propios legisladores, senadores aliados retirando apoyo y una vicepresidenta enfrentada con la conducción política de la bancada libertaria.
La discusión tampoco es exclusivamente jurídica. El régimen de propiedad de la tierra toca intereses económicos, productivos y estratégicos que exceden cualquier debate técnico. Por eso varios gobernadores y representantes provinciales observan con cautela cualquier modificación que reduzca la capacidad de las provincias para intervenir sobre uno de sus principales activos territoriales.
La Casa Rosada apostaba a convertir esta reforma en otro símbolo de su agenda desreguladora. Sin embargo, el expediente terminó revelando una limitación política mucho más profunda: cuando el oficialismo necesita construir consensos fuera de su propio bloque, la lógica de la imposición deja de alcanzar.
Ahora el Gobierno tendrá tres semanas para intentar recomponer una negociación desgastada y reunir los votos que hoy no tiene. El desafío no será solamente convencer a la oposición dialoguista. También deberá ordenar las diferencias entre quienes, al menos en teoría, integran el mismo proyecto político.
Porque en política los proyectos rara vez fracasan por el texto que contienen. Casi siempre se caen porque quienes deben defenderlos dejan de hablar el mismo idioma antes de llegar al recinto.
