La medida fue adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, que consideró que ya no existen razones procesales suficientes para mantener a la acusada privada de su libertad mientras continúa la investigación. De todos modos, Rajoy deberá cumplir una serie de obligaciones impuestas por el tribunal y permanecerá sometida al proceso penal.
En la resolución, a la que tuvo acceso Capital 24, el magistrado recordó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y que solo puede sostenerse cuando existen riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la pesquisa.
Tras analizar el expediente, concluyó que ninguno de esos presupuestos se encuentra actualmente acreditado. En ese sentido, valoró el arraigo de la imputada y destacó que buena parte de las medidas probatorias más relevantes ya fueron producidas, especialmente la documentación que sustenta la investigación.
Con esos argumentos, hizo lugar al planteo formulado por la defensa de Rajoy, integrada por los abogados Darío Saldaño, Ramiro Sánchez Gamino y Catalina Saldaño, quienes sostuvieron que habían desaparecido las circunstancias que justificaron la detención.
Un dato que también pesó en la decisión fue que el Ministerio Público Fiscal no se opuso a la excarcelación. Si bien solicitó que la imputada continúe sometida a medidas de coerción para garantizar su comparecencia durante el trámite de la causa, entendió que ya no resultaba indispensable mantenerla detenida.
Desde el juzgado aclararon que la resolución no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Rajoy. La imputación continúa vigente y la investigación seguirá su curso para determinar si existen elementos suficientes para elevar el expediente a juicio oral.
El origen de la causa federal
La investigación tramita en el fuero federal de La Plata porque se centra en la presunta falsificación de documentos públicos, entre ellos un diploma universitario y otra documentación utilizada para acreditar una condición profesional inexistente.
De acuerdo con la pesquisa, Rajoy habría utilizado ese material para presentarse como abogada y desarrollar distintas actividades vinculadas al ejercicio de la profesión, pese a que nunca obtuvo el título habilitante.
El expediente se nutrió de diversa prueba documental y pericial destinada a establecer la autenticidad de los certificados y determinar cómo fueron confeccionados y utilizados.
La denuncia que destapó la maniobra
El caso comenzó a tomar forma en junio de 2025, cuando la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense presentó una denuncia que dio origen a la investigación.
Según esa presentación, la joven organizaba supuestas convocatorias para ingresar al Poder Judicial mediante falsos procesos de selección que incluían un inexistente examen de admisión. Para otorgarle credibilidad a la propuesta, se presentaba como abogada y empleada judicial.
A partir de esa denuncia, los investigadores reconstruyeron la actividad que Rajoy desplegaba en redes sociales. En perfiles de Instagram y LinkedIn ofrecía asesoramiento jurídico y afirmaba haberse graduado en la Universidad Nacional de La Plata.
Sin embargo, las verificaciones realizadas sobre los registros oficiales de egresados de la casa de estudios determinaron que nunca obtuvo el título de abogada.
Allanamiento y estafa millonaria
Con esos elementos, efectivos de la DDI La Plata realizaron un allanamiento en una vivienda de la localidad de Lisandro Olmos.
Durante el procedimiento secuestraron un presunto diploma de la UNLP emitido a nombre de Rajoy, teléfonos celulares, una computadora portátil y documentación que fue incorporada al expediente para su análisis pericial.
Pero la investigación no se limita a la utilización de documentación falsa. También incluye una denuncia por una millonaria estafa cuya principal víctima fue el padre de quien, por entonces, era la pareja de la acusada.
Según la hipótesis de los investigadores, Rajoy conocía que el hombre había percibido una importante suma de dinero tras jubilarse. Aprovechando la confianza familiar y haciéndose pasar por abogada, le habría enviado falsas intimaciones vinculadas a supuestas deudas fiscales para convencerlo de que debía realizar distintos pagos urgentes.
Mediante ese ardid, siempre de acuerdo con la acusación, logró que la víctima le entregara cerca de 31 millones de pesos, dinero cuyo destino también forma parte de la investigación que continúa abierta, ahora con la imputada en libertad, aunque bajo control judicial.
